Los convenios firmados con la Generalitat hace casi dos meses prevén la instalación de contadores en hogares vulnerabilizados en situación de ocupación en precario. La compañía ha bloqueado durante este tiempo este derecho, aduciendo que aún no ha protocolizado internamente el procedimiento.
El PSOE vol recòrrer l'únic article del Decret Llei 17/2019 que no va recórrer el PP i que el TC no va anul·lar
Exigimos un compromiso inequívoco urgente con una nueva ley de urgencia que restituya las medidas antidesahucios anuladas por el Tribunal Constitucional.
Si no lo evitamos, las consecuencias pueden ser gravísimas: la sentencia deja en la calle o en riesgo de desahucio a un mínimo de 3.500 personas sin ofrecer ninguna alternativa.
L’atac del PP i la passivitat del PSOE, deixen la Llei 24/2015 sense el lloguer social obligatori en extincions de lloguers i ocupacions, i anul·la les renovacions de lloguers socials.
Alertamos sobre una inminente sentencia del recurso del PP contra el Decreto 17/2019 que amplió la Ley 24/2015. Del Gobierno del PSOE depende el fin definitivo de los desahucios y que la banca devuelva los recursos públicos destinados a su rescate.
El ataque del PP vuelve a demostrar el nulo compromiso del partido con la garantía de los derechos de los colectivos más vulnerabilizados y pone de manifiesto su férrea defensa de los intereses de bancos y fondos buitres, que son culpables de la actual situación
El pasado 10 de marzo, la empresa inmobiliaria Escales Nou SL, dejó en la calle a una madre y su hija de 4 años por impago de alquiler. Ante esta violación de la Ley 24/2015 y el Decreto Ley 17/2019, que la mejora y amplia, el Ayuntamiento de Mollet, no solo fue incapaz de forzar a la propiedad a cumplir la ley, dando como única respuesta a la familia una habitación de hotel, si no que alega desconocer este artículo de la ley y la obligatoriedad de la propiedad a cumplirla.
Es el momento de corresponsabilizar al sector privado, y en especial a los bancos, fondos buitre y grandes propietarios el acabar con la grave crisis de vivienda que padecemos.
Reclamamos a los Jueces de Primera Instancia una interpretación garantista de la norma basada en el respeto los Derechos Humanos