La violencia inmobiliaria, el mobbing, el acoso inmobiliario, no debería actuar con impunidad en nuestra ciudad.
Existe una vía para denunciar directamente todos aquellos abusos que se cometen en nuestra ciudad cada día, cuando especuladores, grandes propiedades, administradores de fincas y fondos buitre actúan de manera deliberadamente nociva contra las personas inquilinas que habitan sus hogares, algunas veces incluso utilizando la violencia, degradando sus condiciones de vida para conseguir, sea como fuere, su objetivo: forzarlos a abandonar la vivienda.
El mobbing o acoso inmobiliario es una pieza clave en la operativa de las expulsiones de vecinas. La avidez de los grandes operadores inmobiliarios no tiene bastante con una ley de arrendamientos urbanos “hecha a medida” para subir los precios, aumentando el margen de beneficios a expensas de la vida de las personas.
- Para vaciar todavía más rápido los edificios: mobbing.
- Para venderlos ante al mejor postor “sin inquilinas”: mobbing.
- Para rehabilitar y hacer pisos de lujo o alojamientos turísticos: mobbing.
El acoso inmobiliario, infligido en múltiples formas como una tortura, más rápida o más lenta, recae primero sobre las inquilinas con contratos de 5 años y después ataca a las vecinas de contratos indefinidos. Habitualmente afecta a edificios enteros, pero no solamente, también a inquilinas solas porque el resto de la escalera ya son oficinas o pisos turísticos. El acoso, por lo tanto, no es un fenómeno extraño, aislado, ni poco frecuente. Forma parte de una estrategia por parte de la propiedad para obtener beneficios a expensas del derecho a una vivienda digna de las vecinas inquilinas de la ciudad.
Para dar respuesta al acoso inmobiliario, presentamos una denuncia administrativa para poder actuar y multar a los responsables. Una herramienta para defender el derecho a la vivienda de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad.
No nos estamos inventando nada: la Ley del derecho a la vivienda de Cataluña, aprobada en 2007, dice muy claramente que el acoso inmobiliario es una discriminación en el acceso a la vivienda. El artículo 45 dice literalmente que
Acoso es «toda actuación u omisión con abuso de derecho que tenga por objetivo perturbar a la persona asediada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda».
Además, la Ley entiende que cometer acoso es una infracción muy grave que puede comportar multas de 3.000 a 900.000 dependiendo de la gravedad de la situación y la localidad donde se cometa.
Esta medida es aplicable por parte de todos los municipios catalanes y por la Generalitat desde hace 10 años, pero no se suele utilizar. Del mismo modo que pasó con las multas a las viviendas vacías de bancos, no fue hasta que la sociedad civil lo puso sobre la mesa, que se utilizó. Es importante saber que, según la Ley de vivienda, el acoso inmobiliario es ilegal y las administraciones tienen la obligación de actuar para pararlo. No pueden seguir mirando hacia otro lado con pasividad; se tendría que haber actuado hace tiempo con contundencia.
El acoso inmobiliario no es algo nuevo: hace tiempo que lo sufrimos y denunciamos. Catalunya ha visto un montón de luchas de denuncia de la especulación feroz, la violencia inmobiliaria, la gentrificación de los barrios y la vulneración sistemática diaria del derecho a la vivienda. En este momento hay más grupos que nunca defendiendo el derecho a la vivienda y a la ciudad de las vecinas por todo el territorio.
Esta herramienta nace con la voluntad de aportar y de sumarse a todas las luchas que nos preceden y que están activas hoy en la ciudad, poniéndola al servicio de quien la quiera usar. Animamos a todas las personas que están sufriendo mobbing a que se acerquen a nuestras asambleas para usar el modelo de denuncia que ponemos desde hoy al servicio de todas ellas y de la defensa del derecho a la vivienda.
Queremos lanzar un mensaje en tres direcciones:
- A las vecinas que están sufriendo acoso: les hacemos llegar toda nuestra solidaridad y apoyo. Les queremos decir que “no están solas”, que el acoso es ilegal y que tienen una nueva herramienta importante para defenderse.
- Al Ayuntamiento de Mollet: tenéis la obligación de defender a las inquilinas que habitan la ciudad, y de perseguir y usar todo el peso de la ley para sofocar todos y cada uno de los casos de acoso inmobiliario. Poned recursos y tiempos. Haced cumplir la ley. Hay que parar el acoso inmobiliario.
- Y en especial, queremos mandar un mensaje alto y claro a los responsables del acoso inmobiliario. A los grandes operadores, SOCIMIS o fondos buitre, propietarios y administradores de fincas: a partir de ahora ya no podréis seguir actuando de forma impune, vulnerando los derechos de los inquilinos/as y saltándoos una ley que protege el derecho a la vivienda, atacando la dignidad y seguridad de las vecinas. Sabemos que los responsables tan solo reaccionan cuando se les denuncia públicamente y que solo entienden el lenguaje “del dinero”, motivo por el cual denunciaremos sin excepciones y exigiremos multas contra todos los casos de mobbing.
Esperamos resultados reales. Estaremos vigilantes para denunciar a los responsables de mobbing hasta conseguir erradicar el acoso inmobiliario de nuestra ciudad.
¡Stop mobbing! ¡Paremos el acoso inmobiliario!