Ante la nueva campaña electoral, gobierne quien gobierne, garantizar el derecho a la vivienda y aplicar las medidas necesarias para acabar con la emergencia habitacional y los desahucios debe ser una prioridad.

Arranca una nueva campaña de elecciones generales, la cuarta en cuatro años, que no hace más que reafirmar lo que realmente preocupa a la clase dominante, mantener su estado de bienestar sin importarles el del resto de la ciudadanía al tiempo que son incapaces de formar un Gobierno y por el camino nos tenemos que seguir enfrentando a una vulneración sistemática de nuestros derechos y a reformas de maquillaje puramente electorales.

Desde la PAH llevamos una década defendiendo el derecho a la vivienda y su función social, proponiendo cambios legislativos y estructurales que los garanticen. Hemos logrado avances a nivel municipal, ganar leyes autonómicas y registrar una Ley de vivienda integral en el Congreso que no avanzó por el bloqueo crónico de PP y Ciudadanos. Las movilizaciones y presión social han sido lo suficiente potentes y sostenidas en el tiempo como para lograr pequeños avances, como la reforma de la LAU y las que se incluyeron en la ley hipotecaria, insuficientes debido a la falta de contundencia del PSOE, que dejó pasar una oportunidad histórica de frenar la emergencia habitacional y reventar las burbujas de alquiler y de hipotecas. Unas reformas que en ningún momento recogían medidas que atacaran el problema de raíz, para seguir siendo medidas de favor a la banca y a los fondos de inversión. En resumen, seguir tratando un derecho fundamental, la vivienda, como una mercancía con la que especular a beneficio de unos pocos.

Este verano, Pedro Sánchez protagonizó un turno de lavado de cara reuniéndose con actores sociales para tratar distintas problemáticas y recoger propuestas planteadas en esas reuniones. La PAH fue invitada a una de estas sesiones y presentamos nuestro plan de choque con propuestas para enfrentar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional, así como el Derecho de acceso a la Vivienda en España.

No podemos permitir que se sigan produciendo 60.000 desahucios al año, que no se fomente la creación de vivienda pública y social, que la vivienda vacía en manos de la banca se siga vendiendo a fondos buitre o que no se regule el precio de los alquileres, mientras miles de familias están angustiadas por la falta de horizonte habitacional.

Por eso exigimos medidas como:

• La suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones Públicas pueda garantizar el acceso a una vivienda adecuada.
• El cumplimiento de Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional que desahucia sin alternativa habitacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.
• La anulación total de los desahucios con fecha abierta. Es necesaria una revisión de la LEC que evite la reinterpretación de algunos jueces, aumentando la angustia y evitando la defensa de la vivienda
• Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, y mejora de sus protocolos de acceso.
• Renovación obligatoria de los contratos de alquiler social si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad.
• Regulación y limitación de los precios del alquiler, en consonancia con los ingresos de la unidad familiar, otorgando a los ayuntamientos la capacidad de establecer precios vinculantes.
• Incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente.
• Impedir la venta de vivienda pública por norma legal.
• Medidas legales que otorguen a la administraciones públicas el derecho de tanteo y retracto sobre las ventas de lotes de vivienda que realicen los bancos, y que normalmente, acaban en manos de fondos buitre.
• Cesión obligatoria de las viviendas vacías que posea la banca rescatada, con especial hincapié a Bankia y a la SAREB. Hacerlo de forma inmediata en zonas tensionadas.
• Que a todos los grandes tenedores de vivienda que hayan obtenido fondos públicos, bien por rescate, bien por ayudas o exenciones fiscales se les reclame su deuda en vivienda.
• Que las SOCIMIS y fondos buitre paguen su correspondiente impuesto de sociedades y se estudien medidas para modular/evitar los efectos especulativos de sus prácticas.
• Penalizaciones a la vivienda vacía en manos de grandes tenedores.
• Que se determine de una vez por todas la ilegalidad de las cláusulas abusivas como dictan las sentencias del Tribunal europeo.
• La limitación de la responsabilidad al bien hipotecado y la dación en pago como fórmula natural de resolución de impagos por causas demostrables y ajenas a la voluntad del deudor. Por una ley de segunda oportunidad que suponga la integración social frente a la muerte civil que supone el sobreendeudamiento de por vida.
• Una Ley Estatal de Vivienda basada en la Ley Vivienda PAH y la Ley 24/2015 catalana, fruto de una ILP aprobada por unanimidad en el Parlament.

Basta de excusas. Basta de burbujas especulativas que nos ahogan y niegan nuestro derecho a vivir dignamente. Llegó el momento de cambiar las reglas del juego y gobierne quien gobierne lograr una legislación que nos ampare y garantice una vivienda digna, asequible y estable a la que todas podamos acceder y mantener. Hay que hacer justicia a las familias que han perdido su hogar desde 2008, que no se siga repitiendo la situación, facilitar que nuestros jóvenes puedan independizarse y crear sus proyectos de vida o que nuestros mayores no vean como pierden su hogar tras años de sacrificio.

#ReventemosLasBurbujas