Presentamos una moción municipal para que los Ayuntamientos se sumen a las medidas de la PAH que ya tienen un amplio apoyo social e instar al Gobierno de Pedro Sánchez a incorporarlas a la Ley de Vivienda que están elaborando PSOE y Podemos.

Esta moción forma parte de la estrategia y campaña que desde la PAH estamos impulsando desde el pasado mes de febrero. Tras el anuncio del Gobierno central sobre la futura tramitación de una Ley de vivienda estatal, la PAH impulsamos lo que acabaría siendo una coalición social para incorporar medidas innegociables.

Se creó la Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda, formada por movimientos de vivienda, sindicatos laborales, mareas, pensionistas, sanidad, ONG y decenas de organizaciones, de todo el estado. Actualmente son cerca de 300 las organizaciones que han dado su apoyo al manifiesto y demandas recogidas por la iniciativa, así como miles de firmas recogidas entre la ciudadanía.

Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio. No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental.

Para ello no basta con el respaldo social, ciudadano o de los grupos parlamentarios, es necesario que desde los Ayuntamientos también se posicionen del lado del derecho a la vivienda y de las necesidades de las vecinas de sus ciudades. De aquí la importancia de esta moción.

El problema con la vivienda es una situación insostenible, tanto por las familias como por las administraciones públicas que ven como no pueden dar respuesta a la emergencia. La situación, a causa de la crisis actual provocada por la COVID-19, se ve acentuada por las altas tasas del paro, la precariedad sobrevenida y una insuficiente protección de derechos de la ciudadanía.

Esto genera una situación límite para amplias capas de la población, que se encuentra sin acceso en una vivienda o en riesgo de perderla. Mientras vemos como se sigue sobreprotegiendo a la banca rescatada con dinero público y a los fondos buitres que se alimentan de la miseria de nuestros barrios y ciudades.

Con esta moción que hemos hecho llegar a los Ayuntamientos de Mollet, Sant Fost de Campsentelles, La Llagosta, Martorelles, Santa María de Martorelles, Llissá d’Amunt, Llssá de Vall, Palau de Plegamans i Polinyà, remarcamos la necesidad de posicionarse a favor de:

1. La  ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de     sinhogarismo.
2. Stop  desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. 
4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte  suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Es imprescindible que la Ley por el Derecho a la Vivienda incorpore estas demandas, blinde las legislaciones autonómicas y dé cumplimiento a la Constitución, a los dictámenes de Naciones Unidas y de los Tribunales Europeos.

Finalmente, como el próximo día 9 de agosto finaliza el actual decreto anti-desahucios, fecha en que se iniciarán procedimientos que implicarán una explosión de desahucios, exigimos la ampliación de la actual moratoria de los desahucios hasta la aprobación de la Ley de Vivienda que los evite definitivamente.

También pedimos a los Plenos Municipales, trasladar estos acuerdos a todos los Grupos Parlamentarios autonómicos y a los del Congreso de los Diputados, al Gobierno del Estado e informar de ello a la PAH de Mollet Baix Vallès, esta moción con el objeto que se haga eco de las demandas expuestas y avanzar conjuntamente en la superación de la emergencia habitacional y en la garantía del derecho a la vivienda para toda la ciudadanía,