En el Vallès Oriental, en 2020 se produjeron 256 desahucios.
Ayer, jueves 4 de febrero, el Consejo General del Poder Judicial publicó su informe trimestral sobre desahucios, donde da los datos de todo el 2020. A pesar de la pandémica, las medidas decretadas por el Gobierno central y la Generalitat y los meses sin actividad judicial, los datos son desoladores.
256 desahucios distribuidos en :
| Causas | Mollet | Granollers |
|---|---|---|
| Ejeuciones hipotecarias: 55 | 12 | 43 |
| Alquiler: 187 | 55 | 134 |
| Otras (ocupación, precario…): 14 | 6 | 8 |
Si es bien cierto, que de entrada, comparando con el 2019, los desahucios se han reducido además de la mitad, los datos son engañosos. Hay que tener en cuenta que en el periodo de marzo a junio, por confinamiento los juzgados estuvieron cerrados y no hubo desahucios, puesto que todos los procedimientos abiertos quedaron suspensos.
En plena pandemia, en un estado social con unas tasas de paro a niveles históricos, las oficinas de trabajo colapsadas atrasando, hasta tres meses, el pago del paro una vez quedas sin trabajo y todavía con Ertos pendientes de cobro, la situación de las familias es cada vez peor.
Esta nueva crisis no puede repetir los errores del pasado y ser una nueva excusa para dejar a la gente sin hogar.
Los datos en todo el Estado, 29.406 desahucios el 72% por alquiler, son una clara muestra del fracaso del famoso escudo social y así como de la necesidad de regular el precio de los alquileres. El aumento del 17’5% en nuevas ejecuciones hipotecarias, pose de manifiesto la desprotección a día de hoy a las familias hipotecadas. Estos datos muestran más que nunca la necesidad de una ley estatal que garantice el Derecho a la vivienda y proteja a las personas dejando de banda los intereses de las élites capitalistas, banco y fondo buitre..
Cataluña sigue siendo el territorio con más desahucios del todo el Estado, con 5.737 (19,5% del total nacional), un 73% derivados del precio del alquiler y el territorio con más ejecuciones hipotecarias. Datos alarmantes que ponen sobre la mesa la necesidad de contundencia, por parte de la Generalitat como de los Ayuntamientos, a hacer cumplir la Ley 24/2015. Datos que refuerzan la necesidad de recuperar, por ley, el Decreto 17/2019 recientemente suspendido por Tribunal Constitucional.
Hasta que:
- No ampliamos el parque público de vivienda con la cesión obligatoria del pisos vacíos en manos de los especuladores.
- No forzamos al ofrecimiento obligatorio de alquileres social como medida preventiva para evitar desahucios.
- No recuperamos la obligación a renovar los alquileres social que han finalizado o finalizarán
Seguiremos sufriendo los efectos de la crisis económica, violando el Derecho a la vivienda y estela a la gente sin hogar y con deudas de por vida.