Mañana, jueves 25, una familia de cinco miembros, con un menor, una persona con el 99% de discapacidad y piso de emergencia concedido corre el riego de ser desahuciada.

Una vez más estamos ante una vulneración grave del derecho a la vivienda que urge solucionar. La historia empezó con la no renovación del contrato de alquiler por parte de la propiedad, cuando hasta la fecha, no solo no había impagos, la familia pudo ir reformando y adaptando de su bolsillo el piso a sus necesidades. 

Ahora nos encontramos, tras varios intentos de desahucio, en la tesitura que es muy posible el desahucio no se pare y se acabe ejecutando. La resolución está en manos de los juzgados, pero la solución está en manos de la Generalitat que ya va tarde para garantizar el realojo. El Ayuntamiento de Mollet, nos ha garantizado que han localizado 2 pisos de la mesa de emergencia, pero la Generalitat no concede ningún piso alegando que el baño no está adaptado. 

La familia no tiene ningún inconveniente en entrar en cualquiera de los pisos y que una vez dentro, con el realojo efectivo y garantizado, les hagan la reforma. Siempre será mejor esto que acabar en la calle o en una pensión por tiempo indefinido, en condiciones menos dignos y contando que un 99% de invalidez no puede acabar así. Pero la Generalitat está firme en su rechazo a la propuesta. 

Es intolerable esta actitud burócrata, en un momento en que debe predominar la efectividad y el pragmatismo, garantizando por encima de todo un realojo digno, que minimice el impacto en las vidas de un menor y un discapacitado de estas características. Es un atentado a la dignidad, tener la solución en las manos y permitir en plena pandemia que la gente acabe en la calle. No basta con hacer decretazos cara a la galería, urge actos que demuestren la auténtica voluntad de la Generalitat a poner remedio a estas situaciones.

Algo difícil de creer viniendo del mismo Govern que lanza a su ejército particular a reprimir, perseguir y apalear a las valientes que alzan la voz en defensa de los derechos y libertades. 

Como ya es habitual en la nefasta gestión de la mesa de emergencia, la Generalitat como responsable directo de la falta de solución, va tarde y mal. A la propiedad le urge desahuciar, a la familia le urge vivir y ahora todo está en manos del juez que se preste a suspender el desahucio. Esto haría ganar tiempo a que la Gene, si quiere, haga las obras pertinentes al baño antes de la siguiente orden de desahucio, alargando así el sufrimiento de esta familia. 

Mañana la PAH de Mollet Baix Vallés estaremos en la puerta del desahucio, al lado de la familia y haciendo todo lo posible para evitar el peor de los finales.