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La dejación de funciones del Ayuntamiento de Mollet no tiene nombre

Ante el inminente desahucio sin alternativa de 5 menores, uno con discapacidad del 50%, denunciamos públicamente una nueva situación de violación de derechos, de incumplimiento de la ley 24/215 por parte del consistorio que sigue actuando solo ante la reacción de la PAH, escudándose en excusas baratas que solo demuestran su incompetencia ante las situaciones más sangrantes.

El caso que denunciamos hoy no es nuevo, ya lo hicimos público el  30 de octubre, logrando suspender el desahucio un mes, el tiempo estimado por el Ayuntamiento para lograr una solución y que esta familia con 5 menores, uno con discapacidad del 50%, se quede en la calle. Ha pasado el tiempo, llegó el tercer lanzamiento para el 9 de diciembre y si en los próximos días no aparece una solución, acabarán en la calle.

Aunque parezca mentira, estamos ante una situación insólita ya que Nadilia nunca dejó de pagar su alquiler, incluso después de notificarle la no renovación del contrato por que la propiedad necesita la vivienda. No es un desahucio por impago.

Hablamos de una familia de vulneración demostrable y demostrada, que entra sin ningún tipo de dudas en los varemos de la ley 24/2015, para poder acceder a un alquiler social y que la Administración le garantice un realojo digno, que obviamente dada la situación de discapacidad no pasa por una pensión o habitación de hotel. Pero una vez más la actitud de los servicios sociales, se debate entre la incompetencia y el racismo institucional.

Desde la PAH Mollet Baix Vallés, estamos hartas de este tipo de actuaciones, más cuando hemos demostrado que solo hay que empujar un poco para que aparezcan soluciones, donde durante meses e incluso años, la única respuesta a las familias es el maltrato, alimentar la angustia a niveles desesperantes de las personas más vulnerables y el »no podemos hacer nada».

En este caso la situación raya lo denunciable ya que a Nadilia se le ha negado durante 3 años el acceso a la mesa de emergencia. Una decisión administrativa totalmente injustificada, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Generalitat, como responsables de ello. Hablamos de un tercer lanzamiento, tiempo suficiente para haber hecho su trabajo.

No nos valen las excusas baratas, no nos vale que la única respuesta que nos dan sea no se sostenga por ningún lado. Es insostenible que las regidoras, Mercè Pérez por servicios sociales y Nuria Muñoz por vivienda, demuestren un desconocimiento total de la realidad y situación de las familias que acuden al Ayuntamiento en busca de ayuda. Y esto solo es el techo de problema que empieza en las oficinas de servicios sociales. Lo hemos denunciado innumerables veces: el servicio no funciona por desconocimiento continuo de su trabajo y por extralimitarse en sus funciones tomando decisiones que no pertocan, para dejar a las familias al borde del desahucio, desamparadas

No queremos excusas de falta de vivienda cuando sabemos, según la Oficina de Vivienda de la Generalitat, en Mollet disponemos de 116 pisos vacíos de Grandes Tenedores.

No queremos excusas ante la no aplicación constante de la ley 24/2015 por parte del Ayuntamiento de Mollet, cuando son los primeros que deberían velar por su cumplimiento.

No basta con decir que este consistorio tiene un compromiso para no dejar a nadie en la calle. Los compromisos están para cumplirlos y hacerlo en un tiempo prudencial para minimizar los daños psíquicos que provoca el verse en la calle. 

Y por acabar nos parece de un cinismo e hipocresía sin calificativos, que justamente hoy en el pleno del Ayuntamiento se apruebe una moción para suspender los desahucios, por parte de un consistorio incapaz de dar respuesta a sus vecinas con un pie en la calle.

Desde la PAH llevamos exigiendo esta suspensión de desahucios desde el mes de marzo, a todos los niveles. El 21 de septiembre pedimos al Ayuntamiento un compromiso político municipal sobre este tema, que sirviera para presionar al Gobierno central a estar a la altura de la situación, cosa que aún no ha hecho. Obviamente lograr esta suspensión de todos los desahucios, mínimo hasta el año 2022, es vital para nuestras ciudades y así lo remarcamos

Podemos saludar positivamente la moción de hoy, pero no sin remarcar que si no fuera por la labor de la PAH esto no hubiera sucedido. Que no podemos ver con buenos ojos se use nuestra labor y propuestas con meros fines políticos en puertas de elecciones, sumándose tarde y justo unos días después del compromiso arrancado a los grupos parlamentarios, el circo montado con los presupuestos generales del estado y el reciente anuncio de Pablo Iglesias a un posible decreto en las próximas semanas, en la línea de lo planteado por la PAH.

Si realmente el Ayuntamiento de Mollet quiere acabar con los desahucios, que empiece por cumplir las leyes catalanas vigentes para ello. Leyes paridas por la PAH le pese a quien le pese y nos van a tener de cara, movilizadas hasta que se cumplan, empezando por el realojo sin excusas y alquiler social para Nadilia y su familia.

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