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Aprobada en Mollet la moción de la PAH

El pleno de Mollet apoya a la PAH en nuestras peticiones para la nueva Ley de Vivienda

El Pleno municipal de Mollet, celebrado ayer, apoyó mayoritariamente la moción que presentamos la semana pasada donde pedimos a los ayuntamientos que se sumen a las medidas de la PAH e insten al Gobierno a incorporarlas a la Ley de Vivienda que están elaborando PSOE y Podemos.

La moción tuvo el apoyo de todos los grupos municipales, excepto Ciudadanos que votó en contra.

Con esta moción el Ayuntamiento de Mollet está de acuerdo con la PAH en que la nueva ley de vivienda debe recoger las siguientes medidas:

  1. La  ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de     sinhogarismo.
  2. Stop  desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores; y en el resto de casos, realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.
  3. Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. 
  4. Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.
  5. Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones, para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.
  6. Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
  7. Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando, como mínimo, el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte  suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
  8. Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

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