El pasado lunes, el BBVA, con la complicidad de los Mossos d’Esquadra y la carencia de compromiso del Ayuntamiento con las vecinas de nuestra ciudad que sufren desahucios, una madre con dos menores fue desahuciada sin contemplaciones ni alternativa

Una vez más denunciamos al Ayuntamiento de Mollet y a sus servicios sociales la negligencia y falta de humanidad cuando hay que tratar con las personas más vulnerables y evitar que se queden en la calle. La lista empieza a ser demasiado larga.

El último caso lo estamos sufriendo ahora, después de que una madre recien separada con dos menores, fuera desahuciada por el BBVA, ”escoltada” por tres furgonetas de los Mossos para asegurarse que abandonaba la vivienda, obligada por un sistema judicial que más que forzar a cumplir las leyes que defienden a los pobres permiten su violación para mantener los privilegios de los ricos y, sobre todo, lo que para nosotras es lo peor, abandonada por una administración pública pagada de sí misma, que no mueve un dedo ni para evitarlo, ni para dar alternativas como también está obligada por la ley catalana del derecho a la vivienda.

En estos duros momentos de recesión que sufrimos como sociedad, ¿qué futuro nos espera cuando ayuntamientos como el de Mollet giran la espalda a sus vecinas?

¡No podemos permitir la falta de actuación!

Actualmente, tenemos más herramientas que nunca para evitar que las personas vulnerables sean desahuciadas: la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, la moratoria de desahucio incluida en el escudo social del *Gobierno desde la pandemia y la Ley de vivienda estatal en funcionamiento desde el mes de mayo de este. Las dos últimas, pensadas para ganar tiempo mientras las administraciones gestionan las viviendas para las personas desahuciadas.

En Mollet no hemos detectado la más mínima intención de aplicarlas cuando los servicios sociales están negando los informes de vulnerabilidad, el principal documento de defensa de las familias en el momento de acreditar su situación y acogerse a las leyes. Para nosotras una estrategia clara para eludir responsabilidad y no invertir en políticas sociales para afrontar una violación de derechos humanos como es un desnonament.

¡No podemos permitir mentiras o excusas que aumentan el sufrimiento!

Sentimos vergüenza ajena cuando servicios sociales, que son informadas de los próximos desahucios previstos y forman parte del proceso para forzar a su suspensión, no hacen su trabajo y niegan los informes ”por falta de seguimiento” o reinterpretando que es vulnerabilidad y que no es cuando hay indicadores de la Generalitat que lo dejan muy claro.

El trabajo de las trabajadoras sociales no es juzgar, ni prejuzgar, ni hacer valoraciones en función de simpatías por etnias. Es tramitar las ayudas, ya hay quién las valora por ellas, como es el caso de la adjudicación de un piso de emergencia. Un piso que si no se solicita, obviamente no llega nunca, pero después se quejan del precio de los alojamientos temporales.

¡No podemos permitir el silencio!

Ni el silencio administrativo hacia las personas desahuciadas, como el caso del lunes, que ayer estuvo toda la mañana a las puertas del Ayuntamiento con algunas compañeras, para pedir explicaciones y la ayuda que se le negó después de quedarse en la calle con dos criaturas. El silencio no puede ser la respuesta y respuestas como ”si no tienes sentencia de separación no te hacemos el informe, búscate la vida para vivir y envía a los hijos con el padre”. No son maneras y vulneran todo código de los servicios sociales.

Tampoco podemos permitir el silencio hacia la PAH, un colectivo en lo referencial en la comarca y en el país, con trece años de recorrido, que siempre ha estado para defender a quién lo necesite y para tejer puentes con el ayuntamiento, ofreciendo diálogo. Unos puentes cada vez más rotos y no por nuestra voluntad. Es el Ayuntamiento quien no nos quiere reconocer, nos quita credibilidad, incluso con denuncias surrealistas, y quien prefiere tener vecinas en la calle y todo un movimiento haciéndole frente.

El mismo Ayuntamiento que se preocupa más de enchufar a la hija del antiguo alcalde, una antigua enfermera y diseñadora de gafas de sol reconvertida en regidora de vivienda para seguir manteniendo el chiringuito, sin intención de hacer nada más que cobrar de las mismas vecinas a las que expulsan de sus casas.

Continuaremos organizadas y frente a quien vulnere los derechos más fundamentales de nuestras vecinas. Del lado de quien lo necesite y denunciando a quien se les dé la espalda para seguir alimentando a los buitres.