Nos encontramos ante un listado de buenas intenciones, que no contempla ninguna medida concreta y corremos el riesgo se conviertan en un nuevo brindis al sol.

Hoy se ha hecho público el programa completo del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, pasamos a un primer análisis de la parte sobre vivienda. Si bien es cierto que por primera vez se habla de temas hasta ahora tabú como la regulación de los alquileres, obligación a alquileres sociales en casos de vulnerabilidad o de convenios con la SAREB para movilizar sus pisos para el parque público de vivienda social, también es cierto que falta concreción y detalle en sus titulares. La concreción necesaria la PAH llevamos años abordándola y recientemente, el pasado agosto, le entregamos a Pedro Sánchez, personalmente, un plan de choque muy claro y conciso con propuestas para enfrentar urgentemente la grave crisis de emergencia habitacional, así como el Derecho de acceso a la Vivienda en España.

PSOE – UP: Impulsaremos la política de Vivienda con un incremento en la dotación de recursos. Se propone ampliar progresivamente el presupuesto actual en materia de Vivienda.

La PAH: Incremento creciente en los Presupuestos Generales del Estado para vivienda, hasta alcanzar el 3,5% del PIB, en inversiones que garanticen su función social de forma permanente

PSOE – UP: Frenaremos las subidas abusivas del alquiler, habilitando a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica, así como declarar zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de los precios de alquiler.

La PAH: Una de nuestras demandas es que los Ayuntamientos puedan regular el precio del alquiler en función a los Índices de Referencia y los ingresos de la unidad familiar. A este programa le falta valentía y contundencia al no concretar la definición de zona tensionada y dejando que sean las comunidades autónomas y/o ayuntamientos las que regulen si lo creen conveniente. Se abre así una brecha entre comunidades autónomas y/o ayuntamientos, que solo fomentará la guerra entre pobres. También se plantea lo de zona tensionada como si el aumento de los precios de alquiler fuera solo un problema residual y en grandes poblaciones, cuando estamos hablando de un problema global vivas donde vivas, por no decir que el ir marcando aisladamente zonas tensionadas es ir provocando que la burbuja no desaparezca, solo se vaya trasladando.

PSOE – UP: Se impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad.

La PAH: Aunque esta pueda parecer una buena medida para frenar los desahucios silenciosos, es totalmente insustancial cuando no hay vivienda en manos de la Administración Pública para garantizar esos realojos inmediatos. Derivar a las familias a una eterna espera en pensiones, albergues u hoteluchos de mala muerte, no es la solución, por no hablar del alto coste de dinero público que esto conlleva.

PSOE – UP: Se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda. Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.

La PAH: Como en el punto anterior, de nada sirve el informe de Servicios Sociales cuando no hay vivienda pública donde remitir a las familias que han perdido su hogar.

No basta con fomentar el alquiler social en estas situaciones, debe haber obligatoriedad a ofrecerlo previo al desahucio, por parte de los bancos, fondos buitre y grandes propietarios. La misma obligatoriedad debe ser concretada para la renovación de los alquileres sociales firmados con anterioridad o de los que se firmen a partir de ahora, cuando la familia sigue demostrando su vulnerabilidad y falta de recursos para afrontar un alquiler de mercado.

PSOE – UP: Uso social de la vivienda y parque público.

• Se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico. Se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer las medidas más adecuadas para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonable.

• Se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.

• Se determinará el carácter social de la vivienda de protección pública con una normativa que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre.

La PAH: A estas alturas de la película ya tendrían que tener claras las definiciones de vivienda vacía y gran tenedor de vivienda, recogidas en la Ley Vivienda PAH. El plan de actuación de SAREB debería ser extensible a Bankia, fomentar la cesión obligatoria de los pisos en manos de la banca y el tanteo y retracto, por parte de las Administraciones competentes, previo a la venta de estos pisos a fondos buitre.

Bien que la vivienda de protección pública no pueda ser vendida ni explotada por los fondos, pero también deberían recogerse medidas que eviten la recalificación de estas viviendas al sector privado una vez finalizado su periodo como VPO.

PSOE – UP: Movilizaremos suelo público para vivienda en alquiler social o asequible y estimularemos la oferta privada en alquiler.

La PAH: Estimular la oferta privada de alquiler en suelo público es seguir poniendo la alfombra roja a los fondos buitre y especuladores.

PSOE – UP: Protección a las personas hipotecadas.

• El procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la normativa europea.

• Se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad.

• Se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.

La PAH: Seguimos obviando la dación en pago retroactiva como mecanismo de defensa y de segunda oportunidad

PSOE – UP: Protección al 100% de las familias vulnerables en situación de pobreza energética. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida y a las personas que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad.

La PAH: No basta con evitar los cortes de suministro, faltan medidas para afrontar las facturas impagadas como la condonación total de esa deuda a cargo de las suministradoras.

Valorados estos puntos, queda por decir las grandes ausentes y necesarias para hacer justicia al casi 1.200.000 desahucios que ha sufrido este país desde los inicios de la crisis y a los que siguen ocurriendo cada 12 minutos a día de hoy.

Si queremos que este 2020 sea un año sin desahucios, es necesario y prioritario:

• La suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada.

• El cumplimiento de Tratados Internacionales, y su prevalencia sobre la legislación nacional que desahucia sin alternativa habitacional. Se deben aprobar urgentemente medidas que obliguen al acatamiento judicial/estatal de las peticiones de suspensión de desahucios emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas.

• La anulación total de los desahucios con fecha abierta. Es necesaria una revisión de la LEC que evite la reinterpretación de algunos jueces, aumentando la angustia y evitando la defensa de la vivienda

• Ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza en mayo del 2020, y mejora de sus protocolos de acceso. Que no sea solo para ejecuciones hipotecarias y contemple también alquiler y ocupación.

• Que se determine de una vez por todas la ilegalidad de las cláusulas abusivas, como el Vencimiento Anticipado o el IRPH, como dictan las sentencias del Tribunal europeo.

Mañana termina un año y estamos preparadas para que el siguiente sea el año del Derecho a la Vivienda.

Vamos a estar exigentes y movilizadas para que este nuevo Gobierno se ponga las pilas, deje atrás la falta de altura política de sus sucesores y si no es así, allí estaremos la ciudadanía organizada para recordarles lo que necesitamos, que no son ni titulares ni buenas intenciones, son derechos garantizados y casa para todas.