La Ley Mordaza se ha empleado de manera recurrente desde su aprobación en 2015 para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos.

El movimiento por la vivienda cada día sufrimos más y más la represión ejercida para callarnos mientras nos desahucian y expulsan de nuestros hogares, barrios y ciudades. Hartas de multas, denuncias, identificaciones y detenciones, nos sumamos al manifiesto de No Somos Delito y convocamos a la movilización.

Dentro de muy poco se va a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero tal y como se ha planteado la reforma, la protesta seguirá amordazada. El acuerdo de gobierno para la reforma de la ley ha llegado con bastantes años de retraso, pero lo que es peor, no eliminará los elementos más lesivos para los derechos humanos, siendo un maquillaje a la Ley Mordaza.

Con la actual propuesta de reforma la Ley de Seguridad Ciudadana seguirá suponiendo una mordaza frente a la protesta pacífica. El derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos. 

Desde la aprobación de la Ley Mordaza en 2015 hasta diciembre 2019, se impusieron cerca de 140.000 sanciones  en base únicamente a dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” (36.6) y “faltas de respeto a la autoridad” (37.4), suponiendo el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. Ninguno de estos artículos es abordado por el acuerdo de reforma. La propuesta de reforma tampoco plantea eliminar el artículo relativo a la “difusión de imágenes” de actuaciones policiales (36.23). Las actuaciones policiales deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general.

La propuesta de reforma de la Ley Mordaza, no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias. Tampoco se prohíbe el uso de pelotas de goma. Ni plantea eliminar el artículo 36.11, cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen voluntariamente el trabajo sexual y las víctimas de trata se vean obligadas a ejercer la prostitución en lugares aislados, expuestas a mayores peligros de abusos. Ni plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las conocidas como devoluciones en caliente.

Por supuesto que no nos vamos a quedar calladas y nos vamos a movilizar. Por ello estamos impulsando movilizaciones para el 13 de febrero en todo el Estado español. Poco después se llegará a un acuerdo y vamos a empujar para que el resultado de la reforma sea una nueva ley que garantice el ejercicio de nuestros derechos y libertades. El reto es enorme, pero estamos convencidas de que si nos unimos, ¡podemos lograrlo!

Tenemos muchos motivos para salir a la calle a exigir que no queremos ninguna mordaza que vulnere nuestros derechos y libertades. Hagamos que el 13 de febrero seamos miles en las calles dejando claro que queremos acabar de una vez por todas con las mordazas.

5 claves para desamordazar la protesta

El próximo 15 de febrero, la Ponencia de la Comisión de Interior del Congreso, el órgano parlamentario en el que se “cocinará” la redacción final de la ley, cerrará entonces las reglas que regirán el curso de la protesta en los próximos años. Es ahora o nunca.

1. ¿En qué momento estamos en la reforma de la Ley Mordaza?

Los trámites parlamentarios para la reforma de la ley se iniciaron en diciembre de 2016, con una proposición del PSOE que planteaba un claro retorno a la ley anterior, conocida como “Ley Corcuera”, seguida de una proposición de reforma presentada en enero de 2017 por el PNV, que introducía algunas medidas garantistas, pero mantenía intacto el 70% de los contenidos de la ley. La reforma se estuvo debatiendo, pero no culminó por la convocatoria de elecciones generales en abril de 2019.

El trámite se retomó en diciembre de ese año, cuando el PNV volvió a presentar la misma proposición de ley, y el trámite de enmiendas se cerró en noviembre del año pasado, siendo en diciembre que se constituyó la ponencia de la Comisión de Interior encargada de “acercar posiciones” entre los distintos grupos.

El día 15 de febrero se reúne nuevamente la Ponencia y será en ese momento cuando se cierren gran parte de los acuerdos, de los que saldrán los artículos finales de la Ley.

2. ¿Por qué decimos que no se cumplen los compromisos adquiridos?

Hace exactamente siete años, el 4 de febrero de 2015 varios partidos ( Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana, Equo-Compromís, PNV, Podemos, BNG, Nueva Canarias y la coalición Geroa Bai) firmaron un documento por el que se comprometían a “derogar o reformar de forma íntegra la Ley Orgánica de Protección de la seguridad Ciudadana en el primer período de sesiones” cuando las mayorías parlamentarias lo permitieran.

El Partido Socialista no firmó, pero incluyó la derogación de la ley en su programa electoral y promovió mociones en municipios, diputaciones y comunidades autónomas exigiendo la misma.

A día de hoy, lo que tenemos sobre la mesa no es ni un proceso de derogación, ni de reforma íntegra de la ley. Partimos de donde se quedó la discusión, tomando como base la proposición del PNV (les recuerdo, solo modifica el 30% de la ley y no siempre en lo que entendemos como “sentido garantista”) y con un acuerdo de los dos partidos de la coalición gubernamental (PSOE y UP) para presentar enmiendas conjuntas, que, adivinamos, se convertirá en la propuesta final, con cambios mínimos.

3. ¿Hay avances en la propuesta gubernamental de reforma?

Los hay. En la propuesta conjunta de PSOE-UP hay medidas garantistas que llevamos años reclamando:

● Se reconoce el derecho de manifestación espontánea;
● Se suprimen algunas infracciones problemáticas, como las que sancionan las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados, los desórdenes públicos o la de escalamiento;
● Se incluyen propuestas para adecuar la cuantía de las sanciones a los ingresos reales de la persona sancionada.

4. ¿Por qué decimos que no nos gusta la propuesta que se debate?

Son varias, pero os proponemos cinco buenas razones que nos llevan a considerar la propuesta
gubernamental insuficiente, poco ambiciosa, poco valiente.

• En primer lugar, porque mantiene la “presunción de veracidad” de los funcionarios policiales (art. 52), siendo este el aspecto más problemático de la ley, pues dificulta extraordinariamente la posibilidad de defenderse al recurrir una sanción, ya que, aportes lo que aportes, su palabra vale siempre más que la nuestra y la de nuestros testigos.

Las enmiendas propuestas por PSOE-UP sólo alcanzan a limitar esta con la exigencia de que el relato policial en las actas-denuncia sea “coherente, lógico y razonable” y no para todas las actuaciones policiales, sino solo para identificaciones, registros y controles en la vía pública (arts. 16 a 18).

• En segundo lugar, creemos que los derechos de reunión y de expresión e información seguirán amordazados:

1. Al mantenerse las infracciones más utilizadas para desmovilizar la protesta, como la del art. 36.6 que sanciona la “desobediencia”, o la “falta de respeto a agente de la autoridad” (art. 37.4), auténticos cajones de sastre de la arbitrariedad policial.
2. Se mantienen, además, infracciones que permiten sancionar con entre 30.001 a 600.000€ a organizaciones que protesten ante infraestructuras críticas (es el repertorio clásico de GP); o la que sanciona al convocante de manifestación no comunicada (art. 37.1), y seguirá siendo la policía quien determine quién convoca cuando nadie convoca (art. 30.3).
3. Algunos cambios propuestos son cosméticos y no cambian el contenido de las infracciones al depender la multa de la interpretación que hagan in situ los funcionarios actuantes:
   1. Sucede en la redacción propuesta para la infracción del 26.23, la famosa infracción del uso de imágenes de FCSE, en la que se sigue permitiendo que el agente decida de antemano que, al sacar una foto, podrías hacer un uso que cause un “peligro cierto” a su seguridad, la de su familia, la del operativo o las instalaciones; en realidad, todo cambia para que todo siga igual.
   2. También con la que más afecta a la PAH, la obstrucción a la actuación de comisión judicial (art. 36.4), siendo el funcionario quien habrá de decidir si parar un desahucio es una “obstrucción” o “un ejercicio de derechos fundamentales”; hagamos apuestas.
   3. Y sucede igual con la redacción tibia que han propuesto para la pretendida “prohibición del uso de balas de goma”, que tal y como aparece, deja margen para la interpretación policial sobre su uso.

• En tercer lugar, hemos pedido durante años la eliminación de las infracciones criminalizadoras de la pobreza, que sí salen de la ley en la proposición del PNV, pero no en la del PSOE-UP:
  • Mantienen como infracción leve la sanción a los taxis de la droga;
  • Mantienen la infracción que sanciona la venta ambulante,
  • Mantienen la infracción de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública,
  • Mantienen la infracción que sanciona de manera específica a las mujeres que ofrecen servicios sexuales.

• En cuarto lugar, también hemos pedido la no penalización del consumo y la tenencia de cannabis en la vía pública, al entender que no son un problema para la seguridad ciudadana de nadie. En la propuesta gubernamental se mantienen las infracciones, solo hay una enmienda en solitario de UP que propone que “tenencia de drogas que no causen grave daño a la salud” pasa a ser infracción leve… adivinen quién determinará cuáles son esas sustancias y cuáles no…
• En quinto lugar, no se suprimen las expulsiones sumarias o devoluciones en caliente (que se remiten a una hipotética reforma de la Ley de Extranjería, cuando tenían la preciosa oportunidad de cumplir su reiterada promesa electoral de derogarlas); ni se prohíbe expresamente la realización de redadas por perfil étnico o racial.

5. ¿Qué podemos hacer para que esta reforma no sea puro maquillaje?

Infórmate y difunde lo que leas, contribuye a que todas sepamos qué se debate y qué se propone. Informadas somos más fuertes, somos imparables.

Es el momento, es nuestro momento. Participa e impulsa las movilizaciones.

¡Defendamos nuestros derechos ejerciéndolos!

¡#DESAMORDÁZATE!

¡Únete a la movilización contra la Ley Mordaza!