Hacemos llegar una carta a Junts X Cat ante el recorte que quiere hacer en la nueva ley antidesahucios, para pedir una reunión con ellas y exigir la retirada de estas enmiendas

Hoy damos un paso más y exigimos a los regidores municipales de los ayuntamientos de todo Catalunya que se posicionen del lado de las familias y retiren las enmiendas presentadas a la nueva Ley antidesahucios que se está tramitando en el Parlament.

El pasado jueves 14 de octubre las PAHs Catalanas y el movimiento por la vivienda nos manifestamos para denunciar y advertir a Junts per Catalunya que no permitiremos ningún recorte a esta Ley antidesahucios que restituirá los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional, unos artículos que ampliaban la cobertura de la Ley 24/2015. Una Ley que, recordemos, contaba con el apoyo de una amplia mayoría parlamentaria (ERC, Junts, En Comú Podem y CUP).

Inicialmente, Junts per Catalunya se comprometió a sacar adelante la Ley, sin embargo, durante la última fase parlamentaria y después de las diferentes ponencias, el partido ha presentado graves enmiendas como compensar económicamente a los desahuciadores o cambiar de nuevo la definición de gran tenedor a 15 viviendas en vez de 10, como está registrado, dando así un paso atrás, posicionándose del lado de quienes desahucian, en vez del de las familias vulnerables y pretendiendo dejar fuera algunos casos de familias vulnerables que tuvieron que ocupar.

Es por eso que hoy entregamos la siguiente carta a los regidores y regidoras de Junts per Catalunya:

Estimado/a Sr./Sra. __, Jefe de Lista de las últimas elecciones municipales y/o regidora local de Junts per Catalunya,

Nos dirigimos a ustedes para pedirles que, como regidores del Ayuntamiento de ______________ y como miembros del partido Junts per Catalunya, instéis a vuestro partido a retirar las autoenmiendas presentadas en la futura Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional. Como sabéis, el pasado mes de junio el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 presentamos y registramos la futura ley antidesahucios catalana. Lo hicimos con un apoyo mayoritario y suficiente para sacar adelante la ley con tramitación de urgencia y con el compromiso de los Grupos Parlamentarios de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, En Comú Podem y CUP de tenerla aprobada a finales de octubre, fecha que ya hemos superado.

La nueva ley antidesahucios, acordada con las entidades sociales, quiere recuperar urgentemente los alquileres sociales antidesahucios anulados por el Constitucional debido al nuevo recurso del PP contra el Decreto Ley 17/2019, que amplió la Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes de suministros.

Como resultado de mucha negociación y de un esfuerzo de consenso importante, la futura “Ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional” nació incorporando mejoras para proteger a más gente y para evitar que los grandes tenedores se la salten.

Pasado el verano, cuando cada vez está más cerca la votación final en el Parlament, prevista en noviembre, Junts se ha desdicho sorprendentemente y ha presentado 11 enmiendas, 7 de las cuales recortan la proposición de ley. Una parte de Junts cambia las prioridades y quiere proteger a los lobbies, algo que ya ocurrió con la ley catalana de regulación de los alquileres y gracias a la presión social, se evitó.

Las 7 “enmiendas recortadoras” de Junts, se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Compensación a grandes tenedores: quieren compensar a los grandes tenedores de más de 15 viviendas, sean personas físicas o grandes empresas, la diferencia entre el precio del alquiler social y el de mercado. Esta enmienda impugna el espíritu de la Ley 24/2015: alquiler social obligatorio para los grandes propietarios que pretenden desahuciar a familias y realojo público o ayudas para evitar los desahucios de pequeños tenedores.

• Rebaja de la definición de gran tenedor: se niegan a homologarla a la definición estatal de 10 viviendas, subiéndola a 15 pisos, tanto para personas físicas como empresas, que tan solo contarán si están en Catalunya y no en el resto del Estado. También rechazan la mejora de la definición en las partes por las que se escapan, troceando, por ejemplo, el patrimonio.

• Debilitación de la definición de vivienda vacía: quieren que la compra de una vivienda vacía ponga a cero el contador de los dos años para poder penalizarla o movilizarlas. Esto pondría más difícil multar a los pisos vacíos de bancos y buitres, obligar a cederlos o expropiarlos.

• Menos familias que ocupan pisos de bancos, protegidas: excluyen del alquiler social a las familias que ocupan pisos de bancos desde octubre de 2020, cuando la ley registrada incluía hasta junio de 2021. Esta enmienda deja fuera a las familias sin alternativa que han entrado a vivir en pisos vacíos de bancos o buitres a raíz de las dificultades del último año, y en vez de dar seguridad habitacional, puede provocar miles de desahucios.

• Recortan el alquiler social para inquilinas: la nueva ley aumentaba el tiempo durante el cual se aplican los alquileres sociales obligatorios cuando se acaban los contratos o no se renuevan para subir el precio y desahuciar, a 6 y 12 años, según si el gran propietario era persona física o jurídica. Junts quiere reducirlo a 5 o 7, según el tipo de gran tenedor.

Estas enmiendas recortan o impugnan directamente la Ley y podrían haber sido redactadas u obtener el apoyo por el PP y otros grupos prodesahucios. No podemos rebajar la protección a las familias que han sido o pueden ser desahuciadas. La lista de espera de la mesa de emergencia ha aumentado en 1.136 familias desde 2019 y hoy es de 2.422 unidades familiares que necesitan ya una vivienda.

Tampoco podemos transferir dinero público a los grandes propietarios que pretenden desahuciar: que son para realojar a familias, evitar desahucios de pequeños tenedores o construir vivienda protegida. Ya se hizo con los bancos y ahora no puede pasar de nuevo con el sector inmobiliario.

Sabemos que habitualmente, cuanto más lejos del territorio se decide algo, más alejado de la realidad y de las necesidades de la población es la decisión que se adopta. Como regidores/as locales y conocedoras de la realidad de las familias vulnerables del municipio que sufren desahucios, así como de la necesidad de recuperar una herramienta que soluciona un problema principal en los municipios, os pedimos que trasladéis esta petición a vuestro partido ‒en concreto al secretario general y a la Ejecutiva‒ y os emplazamos a una reunión con la PAH para explicaros de primera mano lo que supone no tener esta ley entera y para que nos compartáis cómo ha sido atendida nuestra petición dentro del partido de Junts per Catalunya.

Gracias por vuestra atención. Esperamos respuesta urgente.

Queremos la ley entera y la conseguiremos.

Plataformes d’Afectades per la Hipoteca de Catalunya