Después de años de lucha, conseguimos la firma de los convenios de pobreza energética entre la Generalitat de Catalunya y Endesa: un hito histórico que permitirá a miles de familias empezar de cero, gracias a la condonación de su deuda acumulada desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015, y que establece las bases para que estas no se vuelvan a acumular en un futuro.

Es evidente que la resolución de la deuda acumulada y las ayudas hacia las facturas del futuro han acaparado todos los titulares, pero los convenios acordados tienen otros aspectos relevantes que a continuación desgranaremos. El pasado 7 de abril, los textos íntegros fueron publicados en el DOGC y con este post te ayudaremos a entender mejor qué dice exactamente.

Podéis encontrar los documentos en los siguientes enlaces:

• Resolución TSF/945/2021 (Convenio sobre la deuda acumulada)
• Resolución TSF/946/2021 (Convenio base sobre pobreza energética)

1) Deuda acumulada: condonación total 2015-2020

La medida que abrió todos los telediarios fue la condonación de la deuda acumulada por parte de la compañía, que supone un antes y un después para miles de familias catalanas que han tenido que sufrir el acoso de Endesa durante todos estos años. Pero, ¿en qué consiste exactamente? ¿A qué familias se les condonará la deuda? ¿De qué cantidades estamos hablando?

Según hizo público la propia Generalitat, un total de 35.518 familias verán cómo su deuda acumulada queda a cero a lo largo de los próximos meses. Se trata de las facturas impagadas desde el 6 de agosto de 2015, día en que entró en vigor la Ley 24/2015, y el 31 de diciembre de 2020. La cifra total, según Endesa, alcanzaría los 38.793.524 euros.

De estos, la compañía asumirá el 100% de las facturas impagadas entre el 2015 y el 31 de diciembre de 2018, que equivale a 17.836.561 euros. A partir de entonces y hasta el 31 de diciembre de 2020, las facturas impagadas serán asumidas a partes iguales entre Endesa y las Administraciones. La deuda acumulada en estos dos años alcanza los 21.316.964 euros, lo que supone que cada parte asuma 10.658.842 euros.

Por lo tanto, en total, Endesa asumirá 28.495.403 euros de la deuda de 38.793.524 euros, lo que equivale al 73,45% de todas las facturas impagadas. A continuación os facilitamos los datos detallados:

Total: 38.793.524 €
Endesa: 17.836.561 € (2015-2018) + 10.658.842 € (50% 2019-2020) = 28.495.403 €
Administraciones: 10.658.482 €

2015: 848.698 €
2016: 3.311.405 €
2017: 6.049.509 €
2018: 7.266.949 €
2019: 8.908.505 €
2020: 12.408.459 €

La deuda condonada corresponde a la contraída por aquellas familias que en algún momento del periodo 2015-2020 han sido seguidas por los Servicios Sociales municipales y han contado con el correspondiente informe de riesgo de exclusión residencial, de acuerdo con los baremos de renta de la Ley 24/2015. Todas ellas, 35.518, recibirán una carta durante los próximos meses donde se informará de la condonación.

Antes se realizará una auditoría sobre las cifras facilitadas por Endesa a fin de comprobar que la deuda es real y legítima. El convenio marca el 31 de mayo de 2021 como la fecha límite para tener lista esta revisión, momento en el que se añadirá una adenda económica al convenio con la cantidad final. Si después de la auditoría, se detecta una desviación del 5% respecto de las cifras ofrecidas por la compañía, esta deberá ratificar de nuevo el acuerdo. En cuanto al pago de la parte de la Administración (10.658.482 €), este se hará en tres anualidades (2021, 2022 y 2023), lo que no impedirá que la deuda se considere condonada una vez integrada la adenda al convenio.

Finalmente, se prevé la creación de una comisión paritaria de seguimiento y control del convenio, que se reunirá semestralmente y que estará formada por dos representantes de cada una de las partes: Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Departamento de Empresa y Conocimiento y Endesa.

¿Qué tengo que hacer, pues, si tengo deuda acumulada con Endesa entre 2015 y 2020?

Si durante este periodo habéis tramitado el informe de riesgo de exclusión residencial, simplemente tendréis que esperar a recibir una carta en casa, donde se os informará sobre la condonación total de vuestra deuda. Como que la auditoría debe completarse antes del 31 de mayo, esperamos que las familias puedan recibir la tan esperada noticia antes del verano.

¿Y si Endesa me ha llevado a juicio para reclamarme la deuda?

Si todavía no se ha celebrado el juicio, con los convenios ya publicados en el DOGC, vuestro abogado de oficio debería contactar con los abogados de Endesa para que se echen atrás, una vez resuelto el tema de la deuda. Si no lo hacen, habría que alegar ante el juez que, una vez publicados los convenios, el objeto de la demanda ha dejado de tener sentido. Por último, si ya ha habido sentencia y el procedimiento se encuentra en fase de ejecución ‒con un posible embargo en marcha‒, habría que presentar escrito (publicaremos documento útil en los próximos días) y reclamar que se detenga la ejecución.

2) Ayudas para el futuro: el Fondo de Atención Solidaria

El convenio base establece la puesta en marcha del llamado Fondo de Atención Solidaria, que prevé ayudas para el pago de facturas para las familias en riesgo de exclusión residencial. Una vez aplicados los descuentos del bono social eléctrico, se contemplan los siguientes descuentos extras:

• Usuarias vulnerables severas en riesgo de exclusión social, situados en el bono social (100%).
• Usuarias vulnerables severas, situados en el bono social (hasta el 80%, de acuerdo con la situación familiar y de vulnerabilidad).
• Usuarias vulnerables, situados en el bono social (hasta el 50%, de acuerdo con la situación familiar y de vulnerabilidad).
• Otras usuarias vulnerables protegidas por la Ley 24/2015: con el informe de exclusión residencial, susceptibles de recibir apoyo y atención o aquellas aportaciones puntuales de acuerdo con el Plan individual de atención de servicios sociales.

Además, cualquier familia vulnerabilizada, de acuerdo con el informe de exclusión residencial y el Plan individual de atención de servicios sociales, podrá recibir el apoyo y las ayudas necesarias para evitar su situación de sobreendeudamiento. Con este objetivo, Endesa se compromete a realizar una adaptación del bono social eléctrico a la situación socioeconómica de Catalunya, indexándolo al indicador de rentas de suficiencia de Catalunya (IRSC) de acuerdo con los datos oficiales que se reciban de las Administraciones. Esto permitirá que muchas familias que actualmente no pueden acceder al bono social eléctrico por sus bajísimos límites de renta, lo puedan hacer y accedan al descuento base del 25% sobre la factura. Otras podrán pasar del 25 al 40%.

El Fondo estará participado a partes iguales entre Endesa y las Administraciones. No obstante, se considerarán como aportaciones al mismo la cantidad que la compañía destine proporcionalmente al territorio catalán de acuerdo con el sistema de financiación estatal del bono social eléctrico.

Por último, una cuestión importantísima: la compañía se compromete a evitar toda nueva acción de reclamación vía jurídica o mediante otros procedimientos de recobro de la deuda a las personas que estén protegidas por la Ley y cubiertas por el convenio. Esto permitirá que ninguna familia vulnerabilizada tenga que volver a pasar por sede judicial por culpa de Endesa.

¿Qué tengo que hacer a partir de ahora si no puedo pagar mis facturas con Endesa?

El paso más importante es acudir a los Servicios Sociales o punto de asesoramiento energético (si vuestro municipio lo tiene) y tramitar, si no lo habéis hecho ya, el informe de riesgo de exclusión residencial. A partir de ahí, una vez se ponga en marcha el Fondo de Atención Solidaria, podréis optar a los descuentos y ayudas que se establecen en el convenio.

3) Contadores sociales: una solución para hogares en situación de ocupación en precario

Una de las grandes conquistas del convenio es la posibilidad de acceder a un contador regular de electricidad para aquellas familias que no dispongan de un título habilitante (escritura de propiedad, contrato de alquiler o similar). Este hecho supone un reconocimiento explícito de los derechos energéticos de aquellas personas que, por el contexto económico, se han visto forzadas a ocupar una vivienda y, hasta ahora, no tenían más opción que conectarse irregularmente si querían disponer de electricidad en su casa, con el consiguiente riesgo para ellas y sus vecinas.

Se trata de un contrato extraordinario que se mantendrá por Endesa mientras la persona solicitante de la instalación provisional mantenga su domicilio en la vivienda y se encuentre en situación de riesgo de exclusión residencial. El contrato estará limitado a 1 año, prorrogable si ninguna de las partes manifiesta lo contrario, contará con la tarifa regulada (PVPC) y será de una potencia máxima de 3 kW.

Para acceder al contador, las familias deberán estar empadronadas en la vivienda y contar con un informe firmado por los servicios sociales municipales, que determine que la persona o la unidad familiar se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial, para lo que se añade un modelo en forma de anexo al mismo convenio. Se deberá presentar también el Boletín de reconocimiento de instalación eléctrica (BRIE).

¿Qué debo hacer si vivo en una vivienda en situación de ocupación en precario?

A lo largo de los próximos días, publicaremos un documento útil en nuestra web con el fin de reclamar a los Servicios Sociales o punto de asesoramiento energético este trámite y el correspondiente informe. A lo largo de las primeras semanas, es posible que el procedimiento no esté protocolizado, pero es importante que reclaméis vuestro contador desde el primer momento porque el convenio ya incluye en el anexo un modelo del informe que Servicios Sociales debe emitir.

En cuanto al boletín de instalación, el documento se puede pedir a cualquier electricista certificado y tiene un coste que se mueve entre los 60 y los 100 euros. Podéis pedir a vuestro punto de asesoramiento energético si disponen de algún tipo de convenio con el gremio de instaladores para que este trámite sea gratuito para vosotras, o a Servicios Sociales para que os den algún tipo de ayuda para hacerle frente.

4) Optimización del contrato: que toda familia vulnerabilizada pague lo mínimo

Una de las novedades que incluye el convenio es la obligación por parte de Endesa de optimizar los contratos de toda familia con informe de riesgo de exclusión residencial. Durante años, tal y como hemos denunciado en múltiples ocasiones, se han destinado recursos públicos a pagar facturas hinchadas que no se adecuaban a la situación de la familia. Entre otros abusos, contratos en el mercado libre, potencias elevadas que no tenían en cuenta la demanda del hogar, servicios adicionales sin ninguna utilidad, etc.

En este sentido, la compañía se compromete a pasar en el plazo de un mes a todos los clientes con informe que acrediten la situación de exclusión residencial a la tarifa regulada (PVPC), a la tarifa de discriminación horaria y a estudiar cuál es la potencia mínima que pueden tener para proceder a la modificación, si fuera necesario. También procederá a facilitar el trámite para acogerse al bono social, si se cumplen los requisitos correspondientes. En el caso del gas, también se obliga a Endesa a pasar a las usuarias a la tarifa regulada (TUR1, o TUR2, según el consumo medio histórico que tienen).

Por otra parte, la compañía asumirá la regularización de la titularidad de los contratos de suministro y el eventual cambio de la titularidad del contrato, con el objetivo de hacerlos coincidir con las personas residentes del hogar. Asimismo, se ofrecerán otras facilidades a los colectivos protegidos por la Ley 24/2015, como la bonificación de hasta el 100% del importe de los derechos de acceso y ramificación en el momento de dar de alta a nuevos contratos de personas vulnerables, a cargo del Fondo de Atención Solidaria, así como no ofrecerles ni formalizar contratos adicionales de mantenimiento.

Finalmente, a fin de facilitar los trámites y contacto directo con la empresa, Endesa se compromete a crear una ventanilla única y gratuita que permita responder, como mínimo, a los siguientes trámites:

• Incidencias de facturación.
• Cambio de potencia y cambio de contratación.
• Sobre problemas de falta de suministro.
• Cambio de titularidad del contrato de suministro para poder acceder a las ayudas correspondientes.

¿Qué debo hacer para optimizar mi factura y pagar menos?

Teóricamente, Endesa os pasará automáticamente a mercado regulado si actualmente tenéis un contrato de mercado libre, en el plazo de un mes. No os preocupéis, el cambio será positivo y las facturas serán más bajas que hasta ahora. El cambio no tiene ningún coste asociado. En cuanto al bono social, si todavía no habéis accedido, deberíais acercaros al punto de asesoramiento energético o a Servicios Sociales y pedir información al respecto.

5) Comunicación con Servicios Sociales: hacia un sistema más eficiente

Por último, se hace frente a uno de los principales obstáculos a la hora de aplicar la Ley 24/2015 de forma fluida y liberar de una carga de trabajo innecesaria a los Servicios Sociales municipales y comarcales. El principio de precaución, la obligación por parte de la compañía de avisar a la Administración ante cualquier impago antes de efectuar el corte, seguirá plenamente vigente, pero se mejorará la comunicación entre Endesa y las áreas básicas de Servicios Sociales.

A tal efecto, Endesa aportará una contribución, realizable en especie, para la creación de una plataforma telemática y la adaptación de sistemas de información, que garantice una atención comercial y una atención social adecuada. Con este nuevo aplicativo se persigue que la operativa de la atención a las personas vulnerabilizadas se realice de forma eficiente, adoptando las medidas necesarias para garantizar una comunicación fluida entre las partes.

De esta forma, Endesa facilitará el día 15 de cada mes el listado de personas físicas con impago y consiguiente aviso de corte de suministro a los entes locales titulares de los servicios sociales básicos para analizar la situación de vulnerabilidad y emitir, en su caso, el informe correspondiente. Se establece expresamente que los listados no reflejarán la deuda de personas jurídicas o comunidades de propietarios.