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El movimiento por la vivienda del Arco Metropolitano, denunciamos la criminalización de la pobreza por parte de los ayuntamientos

Respuesta al manifiesto del Arco Metropolitano y a las declaraciones continuadas en los medios de los alcaldes y alcaldesas que forman parte

La ocupación es el único medio que han encontrado muchas familias para tener acceso en una vivienda. Privadas de esta posibilidad, estas familias estarían viviendo en infraviviendas o en la calle. Pretender acabar con la ocupación por la vía penal sin resolver la causa principal -la carencia de acceso a una vivienda- es aumentar el sufrimiento de estas familias, estigmatizándolas y criminalizándolas. Pedir penas de prisión más altas para estas familias no es una solución a nada.

Las protagonistas de la ocupación son mayoritariamente familias en situación de exclusión residencial. Las viviendas ocupadas lo son de grandes tenedores, fundamentalmente bancos y fundes buitre. Los particulares afectados por ocupaciones son pocos. Sobre los datos: los ayuntamientos no aportan datos. Pero los ayuntamientos sí que tienen datos. Los servicios sociales son conocedores de prácticamente todos los casos de ocupación del municipio. Y las policías municipales seguro que pueden aportar datos de las ocupaciones conflictivas. ¿Con qué intención desde el gobierno municipal se pretende falsear esta realidad?

Ciertamente, en nuestros municipios hay grupos que operan en la clandestinidad y se lucran vendiendo claves de pisos de los grandes tenedores. No podamos sino denunciar estas prácticas. Se aprovechan, pero, de una situación generada por las otras mafias que operan a la luz del día del día: los bancos y los fondos buitre. Y lo hacen porque hay una demanda: familias que no tienen jefa otra manera de acceder a una vivienda y están dispuestas a pagar unas claves con sus pocos ahorros. Porque no pueden alquilar a precio de mercado y porque no pueden acceder a una hipoteca. Las familias lo hacen porque no tienen jefa otra opción.

Ninguna familia quiere vivir ocupando. Supone tener problemas con los vecinos, problemas para tener agua y luz, problemas con la policía y los juzgados, estigma social… Y sobre todo: saber que hay una fecha de desahucio que se aproxima. ¿Qué familia quiere vivir voluntariamente así?

Las administraciones del Estado, incluidos los ayuntamientos, son colaboradoras necesarias de generar y perpetuar esta situación: creando marcos legales favorables a los grandes tenedores, rebajas fiscales, enviando dispositivos casi militares a los desahucios, no desarrollando programas de vivienda pública, no ofreciendo alternativas dignas a las familias desahuciadas o en situación de sinhogarismo e infravivienda y reprimiendo a aquellas quién defendemos el derecho a una vivienda digna.

¿Cuál es la mejor forma de combatir las mafias? Está muy claro: dejar de proteger los grandes especuladores y proteger el derecho a la vivienda. Que ocupar viviendas no tenga que ser la única alternativa posible por tantas familias. Por qué piden endurecer las penas contra las familias que se ven abocadas a ocupar, en vez de pedir reformas legales que protejan el derecho a la vivienda frente a la especulación?

Son los mismos partidos que gobiernan estos municipios que han socializado de las pérdidas de los bancos durante la crisis del 2008, que han facilitado la entrada de los fondos buitre mediante la creación de las SOCIMI para que no paguen impuestos, que no han cumplido sus obligaciones al ofrecer alternativas y promover la vivienda pública. Son los mismos partidos que abanderan la represión contra quienes luchan. No son las mafias quienes sufre la represión sino las familias y quienes da la cara por ellas -las personas solidarias de las PAHs, los sindicatos y redes de vivienda y los sindicatos de locatarias-.

El escrito de los alcaldes del arco metropolitano del pasado 27 de abril, independientemente de si finalmente consigue un endurecimiento penal o no, a estas alturas ya ha conseguido:

L’escrit dels alcaldes de l’arc metropolità del passat 27 d’abril, independentment de si finalment aconsegueix un enduriment penal o no, a hores d’ara ja ha aconseguit: 

  • a) Criminalizar las familias que ocupan por no tener alternativa habitacional. Presentarlas ante la sociedad como criminales.  
  • b) Alentar los ataques de la extrema derecha. Ayudar a crear un clima social hostil al lugar donde viven. Hacer que la vida de estas familias sea todavía más difícil 
  • c) Sumarse a la persistente campaña de desinformación del problema promovida por los fondos buitre y las empresas de seguridad privada, a través de los medios de comunicación de masas que ellos mismos controlan. 
  • d) Dar luz verde a una policía que está actuando arbitrariamente, tomando decisiones que no le corresponden, en la creencia que están legitimados porque socialmente todo se vale contra la ocupación

Entendemos esta declaración de los ayuntamientos como una ofensiva más de estos gobiernos. Una nueva ofensiva en defensa del derecho de los grandes capitales a especular con la vida de las personas. Exigimos que los Ayuntamientos y sus gobiernos se retracten públicamente de estas declaraciones y demandas.

Ante esta ofensiva, el movimiento por la vivienda nos arreciamos en la necesidad de organizarnos y luchar por unas vidas dignas.

Denunciamos la colaboración entre las diferentes instancias del estado y de los partidos políticos con los grandes especuladores.

Seguiremos luchando por el derecho a la vivienda.

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