El incendio en el Gorg, consecuencia del racismo institucional

El incendio en el Gorg, consecuencia del racismo institucional

En el Día Internacional de los Derechos Humanos denunciamos que, más que nunca, estos se han convertido en un privilegio

Ayer nos acostamos con la angustia y la rabia de ver cómo las llamas en una nave industrial podían acabar con vidas de personas que se han visto excluidas de todo.

¿Pero por qué llegamos a este punto?

Estos horribles acontecimientos son una consecuencia directa de un sistema capitalista, clasista y racista que vulnera los derechos económicos, sociales, culturales de las personas migradas. En definitiva, derechos humanos que las instituciones de todo nivel, municipales, autonómicas, estatales, han vulnerado y vulneran sistemáticamente. Los hechos sucedidos anoche son la consecuencia de haber privado a todas esas personas de derechos fundamentales como: el derecho a una vivienda digna, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, etc. La violación que conduce a situaciones de pobreza o de exclusión social y, naturalmente, a la pérdida de la dignidad humana. Es obligación y deber de las administraciones respetar, proteger y garantizar el acceso a estos derechos.

Señalamos también como cómplices necesarios, por acción u omisión, a los responsables de las administraciones. En primer lugar, al Ayuntamiento de Badalona y su alcalde Xavier García Albiol por promover los discursos de odio y la xenofobia hacia una parte de la población, desviando el foco de atención (cuando hay vidas humanas en juego) hacia al incivismo y la supuesta delincuencia, y por liderar una política racista que niega los derechos más básicos, al padrón, a la atención social o a una vivienda digna.

A la Generalitat de Catalunya por la falta de políticas que garanticen el acceso a una vivienda para todas las vecinas y por el colapso de la mesa de emergencia.

Al Estado español por negarse a regularizar a las personas en situación administrativa irregular, incluso en medio de una pandemia, excluyendo y dejando aún más atrás a miles de personas.

Denunciamos el racismo institucional

Las políticas estatales y europeas migratorias y la Ley de Extranjería empujan a muchas personas a la irregularidad, a la precariedad, a la exclusión, al acoso policial en los espacios públicos, a la explotación laboral y al constante peligro de la deportación, previo paso por el CIE o siendo víctima de una deportación exprés, sin ninguna garantía jurídica. La violencia del aparato deportador, las trabas burocráticas para conseguir regularizar la situación y la constante criminalización de la migración nos permiten afirmar que vivimos en una sociedad estructuralmente racista.

No permitiremos la victimización y criminalización de estas personas que son permanentemente excluidas y de quien ni en los momentos de urgencia se tienen en cuenta sus necesidades vitales. Se proponen soluciones que nunca serían aceptables para personas blancas pero que parecen ser la única opción para las personas migrantes.

Es urgente que las administraciones reconozcan en primer lugar el racismo como uno de los factores principales que impiden el acceso a los derechos más básicos, y que trabajen en desarrollar políticas públicas efectivas para todas las personas, independientemente de su origen o su situación administrativa.

Denunciamos la precariedad habitacional

No tener un hogar digno y estable es una vulneración de derechos. La Estrategia integral para el abordaje e implementación del sinhogarismo en Cataluña, que aún está pendiente de aprobación e implementación, hablaba en 2017 de más de 53.000 personas en esa situación. La problemática se agrava y no hay una perspectiva optimista, porque no hay ningún consenso de larga duración ni compromiso firme de las diferentes administraciones públicas para combatir esta injusticia.

El acceso y el disfrute de la vivienda deben ser contemplados como derechos esenciales de todas las personas, pero la administración prioriza los intereses de las grandes corporaciones capitalistas por encima de la lógica de la protección social. Según la Agencia de Vivienda de Cataluña, las entidades bancarias y fondos de inversión poseen 30.000 viviendas vacías. Mientras tanto, los desahucios se ejecutan diariamente y los medios de comunicación ponen el foco mediático en las ocupaciones, criminalizándolas, en lugar de abordar la problemática con toda su complejidad y señalar todos los factores estructurales que la provocan.

Se criminaliza a personas que ven vulnerados sus derechos y dignidad. Familias enteras, que no sólo sufren la condición de inestabilidad, sino que además son estigmatizadas y excluidas de la sociedad desde sus más pequeños rincones: son señaladas en la escuela, son acusadas ​​por los vecinos, salen en la televisión como criminales por intentar vivir en condiciones mínimas de habitabilidad.

Se condena a padres y madres por el hecho de intentar dar a sus hijos condiciones para su desarrollo, olvidando la responsabilidad de las instituciones de dar condiciones de vida, salud, educación, trabajo y dignidad para todos tal como se expresa en la Declaración universal de Derechos Humanos.

Vivir con dignidad no es sufrir constantemente de una falta de recursos o del riesgo de ser desalojados o afectados por un incendio.

El derecho al libre desarrollo de la persona no se puede llevar a cabo si se tiene que ir de asentamiento en asentamiento, esperando el día del próximo desahucio.

Una vida digna no puede ser discriminada: no toleramos que se señale a niños, niñas, padres y vecinos, por las condiciones de su vivienda, especialmente cuando el artículo 25 de esta Declaración de Derechos confiere el derecho a la vivienda que vemos violado en este y en otros muchos casos.

Por eso denunciamos que el crimen no es vivir en un lugar que se cae, es no tener otro lugar donde ir.

Desde hace años el Movimiento Popular de la Vivienda lucha en la calle con campañas como la Obra Social y promueve leyes para solucionar la emergencia habitacional que padecemos (24/2015 RD 1/2019 11/2020 …), pero no se están cumpliendo, empujando a miles de personas al sinhogarismo tras sufrir desahucios. Es urgente situar el derecho a la vivienda como punto de partida y desarrollar mecanismos para que nadie pierda su casa. Y no sólo eso, actualmente no hay suficientes plazas en pisos de emergencia ni albergues para acoger a las personas que no tienen alternativa habitacional y los dispositivos de urgencia, abiertos por ejemplo para la pandemia del Covid-19, evidencian que a menudo se actúa con respuestas temporales y a corto plazo. Es necesaria una estrategia conjunta para afrontar el sinhogarismo más allá de los tiempos de crisis y los recursos de emergencia.

Para evitar situaciones como la de ayer, la vivienda debe dejar de ser una mercancía.

Denunciamos la pobreza energética

Según algunas informaciones, el fuego podría tener su origen en una vela que habría caído dentro de la nave. Las entidades que trabajamos por la erradicación de la pobreza energética llevamos años denunciando la inseguridad que sufren las personas que, por su situación de precariedad, se ven forzadas a ocupar para acceder a una vivienda o, en este caso, a un techo.

El acceso a los suministros debe ser universal y sin excepciones. Exigimos que las administraciones garanticen los derechos básicos de todas las vecinas y establezcan protocolos para que los colectivos más vulnerabilizados puedan acceder a sus suministros de forma regular, sea cual sea su situación dentro del inmueble. Asimismo es necesario que la Generalitat establezca lo antes posible en su cuerpo de Bomberos el largamente reclamado protocolo de detección de casos de pobreza energética. Mientras no se lleven a cabo acciones contundentes en este sentido, seguiremos viendo muertes en nuestros barrios y pueblos. Unas muertes, por lo tanto, que tienen responsables directos.

Derechos humanos como privilegio

Hoy, Día internacional de los Derechos Humanos, contemplamos una vez más que éstos han dejado de ser universales para convertirse en un privilegio. En un premio que se otorga a discreción según el seguimiento de unas supuestas normas sociales o si se encaja dentro de unas determinadas clasificaciones económicas, sociales y culturales.

Denunciamos el racismo institucional, la precariedad habitacional, la exclusión social y la criminalización de las personas migradas. Con la tristeza y la indignación ante la tragedia que se ha vivido esta noche en Badalona, ​​que mañana puede ser en cualquier otro municipio de Cataluña, del estado o del mundo; pero con la solidaridad y el apoyo mutuo en primer plano para las personas que estaban en la nave incendiada y para que nunca más nadie tenga que sufrir situaciones como ésta,

Las organizaciones firmantes, exigimos a los poderes públicos:

  • Regularización de todas las personas en situación administrativa irregular.
  • Garantizar el acceso a los derechos básicos: Padrón, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales, etc.
  • Garantizar la tutela y el apoyo a la juventud migrante hasta su autonomía.
  • Tomar medidas para hacer realidad los compromisos adquiridos por parte de las instituciones municipales y autonómicas por el cierre de los CIE, el fin de las identificaciones ilegales por perfil racial y de las deportaciones forzosas.
  • Plan de Choque de Vivienda liderado por la Generalitat, coordinado con los municipios y el Gobierno del Estado y con la participación de las entidades sociales, para poner a cero la lista de la Mesa de Emergencias de vivienda y realojar a todas las personas que viven en espacios temporales y/o precarios.
  • Asegurar el derecho de todas las personas al acceso y disfrute de una vivienda digna y desarrollar herramientas efectivas para combatir las diferentes formas de discriminaciones racistas, directas e indirectas.
  • Garantizar el acceso universal a los suministros básicos para toda la ciudadanía implementando protocolos que permitan la instalación de contadores sociales de agua, luz y gas en situaciones de ocupación en precario.
  • Establecer un protocolo de detección de casos de pobreza energética en el cuerpo de Bomberos de la Generalitat coordinado entre el Departamento de Interior y el de Asuntos Sociales y Familia tal como llevan reclamando las organizaciones sociales desde hace años.

Adhierete a este manifiesto:

https://bit.ly/AdhesionsComunicatGorg

Entidades y colectivos firmantes:

  • PAHs catalanes
  • Tanquem els CIE
  • Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes
  • Coordinadora Obrim Fronteres
  • Emergencia Frontera Sur Barcelona
  • UGT/Bombers de Catalunya.
  • SOS Racisme Catalunya
  • Aliança contra la pobresa energètica (APE)
  • Sindicat llogateres 
  • Iridia 
  • Enginyeria Sense Fronteres
  • Terrassa Sense Murs
  • Aigua és Vida
  • Amics del Moviment Quart Món
  • Ecologistes en Acció
  • Espacio del Inmigrante
  • Suport casa África
  • Arrels Fundació 
  • Observatorio Marielle Franco

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.