No puede ser que desde servicios sociales se hagan informes negativos que evitan la adjudicación de la mesa de emergencia por parte de la Generalitat a familias desahuciadas sin alternativa y con pasado de violencia de género

No vamos a dar nombres como solemos hacer por protección y privacidad, dada la delicadeza de la situación. El caso empezó hace años, durante los cuales nuestra compañera fue víctima de violencia. Hechos denunciados y ganados jurídicamente. Tras separarse se encontró en una situación  complicada, llegando a ser desahuciada sin alternativa habitacional y alojada junto a sus hijos en una pensión donde lleva casi nueve meses.

Antes del desahucio, en un acto de negligencia absoluto, los servicios sociales fueron incapaces de activar la solicitud de la mesa de emergencia, un derecho claro al que se podía acoger esta familia. Apelaban a que sin orden de desahucio no se puede solicitar. Desde la PAH lo hemos dicho una y otra vez, tener orden de desahucio no es el único motivo para poder acceder un piso de emergencia. La violencia de género también. Aun así, el desahucio que la dejó en la calle era el tercer intento, por lo que, tiempo hubo de activarla.

Eso no fue lo más negligente que pudo hacer servicios sociales. También se encargaron de juzgar y condenar como responsable de su situación a nuestra compañera, por lo que redactaron un informe desfavorable que ha provocado que por dos veces se le haya negado la mesa de emergencia desde Habitatge de la Generalitat.

Debido a esta negativa y al no tener ninguna garantía de solución por parte de la Generalitat, se le ha notificado que el 21 de octubre tiene que abandonar la pensión. Un desahucio administrativo descarado ya que esta familia continua sin tener opción a una vivienda. En estos meses han estado buscando piso de alquiler, pero ya sabemos lo complicado que acceder a un piso de mercado, más siendo vulnerable y sin un contrato fijo de trabajo. Durante este tiempo lo que si han hecho es pagar un 40% del coste de la pensión.

Desde la PAH Mollet Baix Vallès vamos a seguir a su lado hasta que se resuelva la situación. Denunciamos públicamente esta nefasta actuación de servicios sociales y de la Agència d’Habitatge de Catalunya. Tenemos pruebas irrefutables para demostrar todo el recorrido de esta familia.

Por lo que exigimos que: 

– Se realice una investigación a fondo del expediente i de la práctica realizada por servicios sociales.

– Mientras se produzca el proceso de investigación y se presente su resolución, se mantenga a la estancia en la pensión donde están a día de hoy

Les hemos ayudado a redactar un documento explicitando todos los hechos que junto a la documentación que los demuestran, serán entregados por la familia a los Servicios Sociales de Mollet del Vallès, al Síndic de Greuges, a la Agència d’Habitatge de Catalunya, en Benestar Social i Familia, en el Colegio de Trebajadoras Sociales de Catalunya, al Juzgado de Primera Instancia de Mollet y al Síndic Personer de Mollet.

La PAH estará acompañándola en todo este proceso. Seguiremos denunciando la situación hasta garantizar su derecho a la vivienda.