El 6 de abril nos manifestamos para denunciar el abuso de los precios del alquiler. Los especuladores nos estrangulan con los precios y cada vez tenemos más problemas para llegar a fin de mes. Un drama social ante la mirada pasiva de los gobiernos y los poderes públicos.
Nosotras, que somos las familias y los jóvenes y las mujeres y las migrantes y los abuelos y las precarias, no esperaremos sentadas a ver cómo destruís nuestro futuro.
Vivimos en un estado de alarma social. Hoy el CGPJ ha hecho públicos los datos sobre los desahucios del 4º trimestre de 2018. Cerramos el año con casi 60.000 desahucios.
La presión de la PAH y los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos ha logrado ciertas mejoras en un nuevo decreto que sigue poniendo en evidencia la falta de valentía política para hacer frente a los grandes especuladores
La ciudadanía ya hemos pagado bastante, ahora llegó el momento de que las viviendas de la Sareb sirvan para dar vida a la gente y no para alimentar a los fondos buitre y a la especulación. Son pisos que se han pagado con dinero público, el nuestro, por eso llevamos mucho tiempo diciéndolo: la Sareb es nuestra.
Seguiremos luchando y cambiando el imaginario colectivo como siempre hemos hecho hasta garantizar el derecho a la vivienda que todas necesitamos
Hemos recuperado las medidas más importantes de la 24/2015 suspendidas por el TC: el alquiler social y la cesión obligatoria de viviendas de los bancos.
Lamentamos la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: La especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público y el híper liberalismo del mercado.
Según datos hechos públicos hoy por el CGPJ, en el tercer trimestre de este año, se han producido en España 11.547 nuevos desahucios, de los cuales 3.404 son consecuencia de ejecuciones hipotecarias, 7.518 de impagos de alquiler y 625 por otras causas.
El Congreso de los diputados vota la ley de crédito Inmobiliario, una ley que no respeta el espíritu de las sentencias del Tribunal Justicia de la Unión Europea, ya que sigue dándole a la Banca beneficios frente al consumidor