Los convenios firmados con la Generalitat hace casi dos meses prevén la instalación de contadores en hogares vulnerabilizados en situación de ocupación en precario. La compañía ha bloqueado durante este tiempo este derecho, aduciendo que aún no ha protocolizado internamente el procedimiento.

A pesar de que el acuerdo se encuentra en vigor desde el 30 de marzo, Endesa aún no ha puesto en marcha el procedimiento y ofrece excusas sin fundamento. Denunciamos la inoperancia de Endesa a la hora de activar un mecanismo clave para garantizar la dignidad y la seguridad de muchas familias vulnerables que, debido a la situación de emergencia habitacional y las dificultades de acceso a una vivienda digna, se han visto forzadas a ocupar en precario un inmueble.

Gracias a los convenios presentados a finales de marzo, todas estas personas tienen derecho a un contrato regular si cuentan con un informe de los Servicios Sociales que avale su situación de vulnerabilidad.

Muchas familias han intentado hacer el trámite y sabemos con seguridad que algunas Áreas Básicas de Servicios Sociales han enviado la solicitud a la compañía, pero Endesa bloquea la instalación, alegando que aún no ha protocolizado el procedimiento internamente.

Endesa conocía el contenido de los convenios y de esta medida concreta desde hace más de un año, tiempo de sobra para haber trabajado para agilizar su aplicación. Además, el pasado 7 de abril, los textos de los convenios se publicaron en el DOGC y, por lo tanto, no hay ninguna excusa para que estas familias no puedan disponer de su contador social. No podemos tolerar que se retrase más su instalación, y más si esta demora responde a la incompetencia de Endesa.

Uno de los motivos de mayor importancia de estos convenios, es garantizar la seguridad de las familias vulnerabilizadas y de su vecindario. La exigencia de la compañía de contar con un título habilitante (escritura de propiedad, contrato de alquiler, etc.) para poder formalizar el contrat,o forzaba a muchas familias a elegir entre vivir sin suministro eléctrico, en una clara vulneración de los derechos humanos, o conectarse de forma irregular, con todos los riesgos que ello conlleva.

Disponer de un suministro eléctrico regular y seguro debe ser considerado un derecho universal e irrenunciable. Los contadores sociales son una medida pionera en todo el Estado. No permitiremos que Endesa siga dilatando su instalación. Reclamamos a los nuevos consejeros de Empresa y Trabajo y de Derechos Sociales, Roger Torrent y Violant Cervera respectivamente, que sean inflexibles con Endesa y exijan la inmediata puesta en funcionamiento del procedimiento.

El cumplimiento del contenido de los convenios es una responsabilidad ineludible de la Generalitat y es necesario que desde los diferentes departamentos que han liderado la firma de los acuerdos se haga todo lo posible para que esto se produzca lo antes posible.

Cada día sin contadores sociales supone un riesgo para todas las familias afectadas y un atentado contra su dignidad y sus derechos básicos.