El próximo jueves 3 de mayo, Fatima se enfrenta a juicio por lo penal tras ser denunciada por Endesa.
Endesa lleva a juicio por lo penal a Fatima por enganche fraudulento de la luz. Hace 3 años que Fatima, madre de un menor, se vio obligada a ocupar un piso de La Sareb. Con vulnerabilidad demostrada, es un caso de tantos, que ante la ineficacia de la administración para dar respuesta habitacional, se ve en la tesitura de tener que ocupar o quedarse en la calle. Todo este tiempo ha estado con la PAH, luchando por regularizar su situación y poder pagar el alquiler que le corresponde y los suministros.
Endesa ha tenido tres años para instalarle a Fatima, que cuando entró en el piso ya tenía conectada la luz, un contador solidario como marca la Ley 24/2015 catalana. No lo ha hecho y ahora la lleva a juicio.
Recordamos que la ley está vigente desde hace seis años y que durante este tiempo, el oligopolio energético la ha estado incumpliendo sistemáticamente, eludiendo firmar los convenios con la Generalitat, que les obligases a aplicarla sin excusas.
En este tiempo, ha habido múltiples accidentes e incendios por culpa de los pinchazos irregulares. Accidentes que se podrían haber evitado si Endesa hubiera actuado responsablemente y no al margen de la ley.
El pasado 29 de marzo, gracias a la presión popular de la PAH y la APE (Alianza contra la Pobreza Energética), se firmaron dichos convenios entre Generalitat y Endesa.Todo un avance en los derechos básicos, que entre otras cosas, ofrece la posibilidad de acceder a un contador solidario de electricidad para aquellas familias que no dispongan de un título habilitante (escritura de propiedad, contrato de alquiler o similar).
Este hecho supone un reconocimiento explícito de los derechos energéticos de aquellas personas que, por el contexto económico, se han visto forzadas a ocupar una vivienda y, hasta ahora, no tenían más opción que conectarse irregularmente si querían disponer de electricidad en su casa, con el consiguiente riesgo para ellas y sus vecinas. Se trata de un contrato extraordinario que se mantendrá por parte de Endesa, mientras la persona solicitante de la instalación provisional mantenga su domicilio en la vivienda y se encuentre en situación de riesgo de exclusión residencial.
Con el juicio de Fatima, queremos denunciar que pasados dos meses de la firma de este convenio, Endesa aún no ha puesto en marcha el protocolo para poner los contadores sociales de luz, pero no se corta un pelo en seguir criminalizando al sector más vulnerable de nuestra sociedad.
Exigimos la paralización del juicio, sin perjuicio para Fatiama, así como la pronta instalación del contador solidario que le pertoca.
