El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó añadir, al Decreto Stop Desahucios del 23 de diciembre, las ocupaciones a grandes propietarios denunciadas por lo penal.
Desde marzo, la PAH, llevamos denunciando los desahucios en pandemia de familias vulnerables y sin alternativa de vivienda. Pese al goteo de decretos-parche, el cacareado escudo social deja gente desprotegida, a cada paso que da, alimentando la discriminación entre vulnerables.
El decreto del 23 de diciembre para suspender los desahucios protegía únicamente la vía civil. Esto abría la puerta a que todos los grandes propietarios escogieran la vía penal, haciendo totalmente ineficaz y absurdo el decreto. Porque una norma que quiere prohibir realmente los desahucios, no puede dejar una vía abierta para que se produzcan.
Nada más aprobarse dicho Decreto, la PAH nos pusimos a trabajar para ampliar la cobertura y que también se protegiera a las familias denunciadas por ocupación de viviendas de la banca. Fruto de esta lucha, logramos que el Gobierno de España contemple, por primera vez y solo mientras dure el actual estado de alarma, una prohibición parcial de desahucios a un segmento de familias vulnerables que ocupaban viviendas de forma irregular antes de la pandemia.
Es una reivindicación fundamental situar el fenómeno de la ocupación como un grave problema de vivienda. Y que necesita una solución que no pase por el discurso habitual de criminalizar la pobreza de familias que se ven obligadas a ocupar, la mayoría con niños.
Este avance hace justicia a las recomendaciones de no discriminación en materia de desahucios, que el Comité DESC de Naciones Unidas viene reiterando a España desde 2017.
Sin embargo, la banca, los fondos buitre, junto a los partidos políticos oportunistas y pro-desahucios, han vertido desinformaciones para pervertir la realidad.
Una vez más quieren romper cualquier mejora social, vendiéndola como un atentado a la propiedad privada y un estímulo a la ocupación. Algo totalmente falso, cuando el decreto excluye, explícitamente, los allanamientos de primeras y segundas residencias, como también excluye casos donde medie violencia o actividad ilícita. Por tanto, se trata de vivienda vacía de la banca, ocupada por familias en necesidad, debido a la falta de parque público (solo un 2% frente al 15% de media en la UE).
Desde la PAH, reiteramos nuestro rotundo desprecio por las mafias que se lucran con la miseria, aprovechando la tormenta perfecta que constituye la ausencia de parque público, precios de alquiler inalcanzables para los salarios y un muy elevado nivel de pobreza (patente en informes demoledores de Cáritas y relatores ONU), traficando con las casas sin distinción de propiedad o situación de las mismas.
La PAH nunca hemos defendido ni alimentado la ocupación a pequeños propietarios, ni lo vamos a hacer. Nuestra lucha está en recuperar las viviendas vacías robadas por la banca a las familias, o que con estos pisos devuelvan el importe, dado por perdido, del rescate bancario. En definitiva, recuperar la función social de la vivienda a precios asequibles para la gente en vulnerabilidad económica.
Es indignante la manipulación mediática de algunos medios al servicio de la banca y la derecha reaccionaria. Ignorar cómo banca y fondos buitre adquieren las viviendas a precios ridículos, eluden el pago de impuestos mediante socimis, no tienen intención de devolver el rescate bancario, pero que aun así, van a ser compensados económicamente a precios de mercado, sobre viviendas que tenían cerradas y que se construyeron muchas a través de ayudas públicas.
Flaco favor hacen a la sociedad en general, manipulando la opinión de la gente y alimentando que se siga violando un derecho tan básico como es el derecho a techo, agua y luz.
También son lamentables las palabras del ministro Ábalos, en el sentido de que no habrá prórrogas, y que tras el estado de alarma, pero en plena y aguda crisis económica, permitirán un nuevo aluvión de desahucios. Debería el ministro recordar que, si bien no es el único culpable de la inexistencia de Parque Público de Vivienda, sí es el responsable de adoptar las medidas necesarias para que se desarrolle. No puede seguir obviando la falta de aplicación del artº 128 de la Constitución, para que las casas desocupadas propiedad de grandes tenedores, puedan ser utilizadas, al menos temporalmente, como Parque Público.
El Gobierno de Pedro Sánchez, nos tendrá en frente hasta lograr una solución definitiva recogida en la próxima Ley estatal de vivienda. La PAH, junto a todas las organizaciones que lo deseen, nos vamos a emplear a fondo para que la próxima Ley Estatal de Vivienda que salga del Congreso de los Diputados, termine siendo en realidad la Ley por el Derecho a la Vivienda
La vivienda es Salud. Si quieren ayudar a favorecer la economía de la gente de este país, deben proteger, por Ley, el carácter de Bien Social de la vivienda, establecer el Derecho Subjetivo, castigar los usos anti sociales, regular los precios del alquiler y crear un Parque Público suficiente. La vivienda es futuro.
El presente es salvar vidas. Exigimos al Gobierno que decrete, en el próximo Consejo de Ministros, la paralización de todos los desahucios de las familias vulnerables aún no protegidas. No cabe seguir desahuciando en plena pandemia a una ciudadanía expuesta a un virus mortal, mucho más, si cabe, en esta situación de riesgo extremo de contagio.
Con vidas en juego, la PAH sigue luchando para que no se discrimine a nadie vulnerable y que la protección no sea solo temporal. Frente a quienes desinforman y, vía discurso del odio, criminalizan la recuperación por necesidad de viviendas de la banca rescatada, seguiremos empujando por la justicia social.