En plena crisis sanitaria debe impedirse por todos los medios que se eche a personas y familias a la calle sin alternativa de vivienda adecuada y segura, por responsabilidad y por salud

Los desahucios sin alternativa de vivienda adecuada continúan produciéndose de manera alarmante. En los primeros nueve meses de este año, se han producido 18.138 desahucios, entre hipotecas, alquileres y en precario.

Es una falacia afirmar que, en la actual situación de pandemia, se hayan acabado los desahucios. Ni mucho menos, tan falso como que «nadie se queda atrás». Los Reales Decretos han dejado a muchos sectores sin protección, como las familias y personas vulnerables anteriores a la COVID-19. También a cualquiera que no pueda demostrar que su situación de vulnerabilidad procede directamente de la COVID, o aun habiéndoles afectado no tienen contrato de alquiler al amparo de la LAU. Se deja atrás a los diferentes colectivos que tenían al principio una protección que ahora se les ha quitado, como quienes se encuentran amenazados por impago de la hipoteca y se les aplica la cuestionada Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. No puede haber excepciones a la hora de garantizar que todas las personas vulnerables tengan un realojo de vivienda digna.

Necesitamos el #DecretoStopDesahucios ya. Cada día que pasa, 160 familias son arrojadas a la calle, 800 familias cada semana. Es hora de escuchar y dar respuesta a todas las familias vulnerables, que están siendo desahuciadas y viendo sus suministros básicos cortados.

La crisis económica que la COVID-19 ha agravado, no remitirá porque se declare el fin del estado de alarma. La imposibilidad de hacer frente a los altos precios de la vivienda, continuará todos estos meses, con la consiguiente oleada de desahucios si la moratoria dura solo en función del dato puntual de contagios. Máxime cuando además un estudio de varias universidades estadounidenses demostró que los desahucios provocaron más de 400.000 contagios y 10.000 muertes adicionales en EEUU.

Ante esta situación, la PAH arrancó en el Congreso un compromiso, firmado por suficientes partidos políticos, para que el #DecretoStopDesahucios tuviera mayoría absoluta aplastante en el caso de que el Gobierno lo promulgara, pero reiteradamente se está retrasando. El Gobierno encontraría mayoría suficiente para paralizar todos los desahucios hasta al menos finales de 2022 o la entrada en vigor de una ley de vivienda que responda a las demandas de la PAH.

Desde la PAH entendemos que los bancos, fondos buitre, grandes propietarios y las energéticas de este país, aparte de ser rescatadas con dinero público, continúan dictando al supuesto gobierno progresista las leyes que han de aprobarse y las que no. Nos quedamos perplejas con la noticia de que desde el Gobierno no solo aplazan el #DecretoStopDesahucios, sino que encima le ponen trabas.

Las últimas informaciones aumentan nuestra indignación porque, al parecer, sectores del gobierno pretenden condicionar el derecho a la vivienda con el beneficio de bancos y fondos buitre, ya que se está planteando, una vez más, abonar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda cantidades equivalentes a alquileres de mercado derivado de la paralización de los desahucios, en vez de hacerles corresponsables solidarios, al ser la vivienda un bien social de primera necesidad.

Nos parece vergonzoso que el capital especulativo tenga tanto poder y voceros gubernamentales para: aprovecharse de la situación de emergencia habitacional, intentar un nuevo rescate al sector inmobiliario. Hablamos de situaciones graves de vulnerabilidad y no de sostener los beneficios en la cuenta de resultados de grandes tenedores como Blackstone, BBVA o Banco Santander, que siguen obteniendo millones en beneficio ordinario en este año de pandemia.

Desde la PAH entendemos que no se puede entregar ni 1 euro de dinero público si previamente no se devuelve a la ciudadanía el rescate bancario impagado y la inyección permanente de dinero que supone perdonar a los fondos buitre y SOCIMIS el pago de impuestos, permitiendo que se ubiquen en paraísos fiscales unos, y a otros unas condiciones ventajosas fiscales. Bajo ningún concepto se pueden dar por perdidos dineros públicos y, al mismo tiempo, arruinar permanentemente los fondos públicos que han de estar destinados a salir de la pobreza, cumplir derechos constitucionales y humanos, como la vivienda, ayudando a la ciudadanía a enfrentar los efectos socio-económicos actuales. Que compensen ellos ese rescate en vivienda, obtenida de su estafa y burbuja inmobiliaria tras más de 1 millón de desahucios desde 2008.

No ha habido compensación alguna a las familias a las que se les ha quitado la vivienda con cláusulas abusivas. Tampoco a quienes se les ha privado del derecho a la vivienda durante todos estos años de precios no ajustados a los ingresos; ni tampoco a mucha clase trabajadora afectada por la COVID-19.

La PAH defiende compensaciones de justa supervivencia al pequeño propietario de viviendas porque no le hacemos responsable de la situación actual de emergencia social. Es decir:  entendemos que no ha de perjudicarles la paralización de los desahucios en llegar a hacer frente a sus necesidades más básicas y urgentes, y por supuesto, evitar toda repercusión que pudiera devenir en situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, todo planteamiento respecto a los grandes tenedores debe partir de que ofrezcan la relación de las personas y familias que tienen en el punto de mira por impago de hipotecas, alquileres u ocupación; e identificando las situaciones de emergencia, compensar los beneficios del rescate bancario y fiscal. Solo con una actitud de compromiso y búsqueda de soluciones sociales puede haber un avance.

En este sentido, animamos al Gobierno a que consiga de estos grandes tenedores, además de la paralización de los desahucios al menos hasta el 31-12-2021, alternativas más definitivas contra la emergencia habitacional, como convenir nuevos contratos de alquiler social (7+3 años) con cantidades que puedan ser asumidas realmente por las familias en función de la situación de pobreza y vulnerabilidad; y, por supuesto, siempre que no suponga hacer de nuevo el agosto con el dinero público, sino la puesta en marcha de una auténtica responsabilidad social compartida. Si no, las afectadas por desahucio tendrán que seguir recuperando por extrema necesidad la vivienda que los bancos tenían cerradas, ¿acaso no es la justa solución un alquiler social?

Sería absolutamente regresivo anteponer el lucro en medidas destinadas a proteger la función social de la vivienda, la protección a la persona vulnerable que la habita y los derechos humanos que no es cuestión de compensar sino de cumplir y que competen a todos, incluidos los grandes tenedores.

Sería esperpéntico que se diseñe una situación que beneficie a los grandes especuladores, y encima se obligue a hacer frente a unas obligaciones tan onerosas que una vez más, conduzca a lanzamientos por ser insostenible abonarlas; sería conseguir cerrar el círculo de la vergüenza, donde el capital consigue no solo poner a la ciudadanía a sus pies sino arrodillar a todo el aparato del Estado, que según la Constitución es un Estado Social y Democrático de Derecho que se rige por el bien general de la población, no el del oligopolio financiero.