Mireia se enfrenta a su segunda orden de lanzamiento por impago de alquiler.
El próximo lunes 23 de noviembre, una nueva familia de nuestra ciudad, está en riesgo de quedarse en la calle por impago de alquiler. Mireia, víctima de violencia de género, llegó un momento en que no pudo seguir pagando el alquile. Tras una serie de negociaciones con la inmobiliaria, finalmente le llegó una primera orden de desahucio para febrero de este año.
Desde la PAH de Mollet Baix Vallès, logramos suspender el desahucio y ganar tiempo para que el Ayuntamiento garantizara una solución y evitar un segundo desahucio. Pero esto no ha sido así. Ahora, Mireia y sus dos hijas menores, se enfrentan a un nuevo desahucio sin ningún tipo de alternativa.
Llegados a este punto y siendo el piso de un pequeño propietario, desde la PAH no podemos forzar a la resistencia, convocando a parar el desahucio en puerta. Nuestra lucha siempre ha estado contra grandes propietarios y especuladores, no contra el pequeño propietario.
Pero lo que sí podemos hacer, es forzar al Ayuntamiento a cumplir las leyes vigentes. Leyes como la 24/2015, ganada gracias a una ILP impulsada por la PAH, o los posteriores Decretos derivados de la misma. Dicha ley es muy clara: en caso de impago de alquiler o hipoteca, los grandes propietarios tienen a obligación de hacer un alquiler social en base a ingresos, como medida preventiva a no abrir un proceso de desahucio. Y en caso de pequeños propietarios, es la Administración quien debe garantizar un realojo a la familia que va a ser desahuciada.Sin embargo, hasta la fecha no lo está haciendo.
Mireia está en situación de vulnerabilidad. Debido a su trabajo en un bar, su situación laboral está en dificultades por el estado de alarma. Ha conseguido que la admitan en mesa de emergencia para acceder a un piso y a un alquiler social, pero pueden pasar meses antes de que esto suceda, debido al colapso de la lista de espera. Por lo que, el Ayuntamiento tiene toda la responsabilidad y debe actuar ya.
Antes del lunes 23, cuando Mireia y sus hijas tengan que abandonar su domicilio actual, deben saber dónde ir y tener un techo donde dormir, hasta que le adjudiquen el piso de emergencia.El Ayuntamiento tiene el deber de intervenir según la ley, y la solución no pasa por:
- Decirle a Mireia que se busque otro piso y que ya tramitará las ayudas para pagarlo. ¿Qué pasa con la fianza? ¿Quién la avala?
- Separar la unidad familiar en distintas viviendas de amigos o familiares.
- Tirar pelotas fuera y derivar la responsabilidad a la Generalitat.
Estas y otras barbaridades son las respuestas que le están dando desde Servicios Sociales. La solución pasa por la obligación del Ayuntamiento a cumplir con la ley. Una ley clara que lleva funcionando hace 5 años, tiempo más que suficiente para haberse dotado de los mecanismos precisos para llevarla a cabo.
Mireia y sus hijas necesitan un techo ya. Es el Ayuntamiento quien tiene la responsabilidad para garantizarlo. Vamos contrarreloj, pero han tenido todo un año, tiempo sobradamente suficiente, para encontrar una solución residencial para esta familia.
#TechoParaMireia
