Hoy se ha publicado el informe de Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y derechos humanos, tras su visita a nuestro país durante el mes de febrero.
Como ya avanzó el relator hace unos meses »La pobreza es una elección política». En el informe, junto a la precariedad en el empleo o las escasas prestaciones sociales por un sistema redistributivo en beneficio de los grandes poderes económicos, el informe sitúa una “crisis de vivienda de enormes proporciones, como uno de los principales problemas que requieren actuaciones urgentes”. Cuanto más ahora que la crisis laboral a causa de la COVID- 19 ha aumentado el número de familias que no llegan a fin de mes para pagar su hipoteca o alquiler. Tras casi 10.000 desahucios en los primeros 2 meses del año, cifras de desahucios que el informe califica de “escalofriantes”, la PAH está promoviendo un real decreto que suspenda todos los desahucios de las familias vulnerables a quienes este informe reclama proteger.
Una vez revisado el Plan Estatal de Vivienda, una de las mayores decepciones de Naciones Unidas es que “la oferta de viviendas sociales de bajo costo es casi inexistente, a pesar del consenso existente sobre su necesidad”, y en donde el Relator hace una advertencia: “La experiencia demuestra mayoritariamente que la propuesta de recurrir en gran medida a alianzas público-privadas beneficiará a las clases medias y no a las más necesitadas”. Según el Relator, “la pobreza existe, en definitiva, a causa de decisiones políticas, y los gobiernos pueden optar, si lo desean, por eliminarla. Pero la palabra que se oyó con más frecuencia entre los afectados fue sentirse abandonados, la inacción política es la tónica general”.
El informe señala el aumento del 50% en los precios del alquiler, en los últimos 5 años, tras la entrada de sociedades de inversión privadas como Blackstone, pero que “autoridades del Gobierno Central descartaron medidas de control de precios -como en París o Berlín- sin miramientos”, respuesta que al Relator le parece un “error y falta de rigurosidad”, recordando que “el índice de asequibilidad de la vivienda de alquiler privada es uno de los más bajos de la OCDE, y el pago del alquiler representa una carga excesiva para más del 38% de los inquilinos”.
Las 21 páginas del informe cubren desde la necesidad de la dación en pago retroactiva hasta la discriminación de las personas en vivienda temporal a la hora de empadronarse. La recomendación final del Relator de Naciones Unidas a España para “Tomar en serio el derecho a la vivienda», es tajante. Como mínimo, esto debería significar:
- Aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda,
- Aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida,
- Desincentivar fiscalmente que se dejen viviendas vacías,
- Estudiar seriamente la posibilidad de introducir sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades,
- Adoptar medidas para desalentar la manipulación de los mercados de la vivienda por los “fondos buitre”,
- Actuar para impedir la privatización de las viviendas de bajo costo existentes,
- Proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad
- Apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar”
Hay mucho por hacer y la PAH ha puesto una vez más sobre la mesa todo un plan de choque de medidas a aprobar a corto plazo.
Es urgente e imprescindible frenar la pérdida de vivienda de las familias vulnerables, suspendiendo los desahucios mientras dure la crisis que la pandemia ha agravado. No sólo lo exige la PAH, Naciones Unidas también.