Según datos del CGPJ, en el primer trimestre de este año, los juzgados españoles ejecutaron 9.659 desahucios. 2.390 por impago de hipoteca, 6.892 por impago de alquiler y 377 por otras causas. La inmensa mayoría familias que fueron a la calle en vísperas del estado de alarma y del confinamiento. Si tenemos en cuenta que, a primeros de marzo, el CGPJ suspendió la tramitación de todos los procedimientos judiciales, podemos afirmar que el 99% de esos se ejecutaron sólo en los meses de enero y febrero de este año.

La situación pinta muy mal, ya que, desde el pasado 4 de junio, se reactivaron todos los procesos judiciales suspendidos en marzo, y desde entonces ya estamos teniendo que intervenir para evitarlos en Andalucía, Cataluña, Cantabria, País Valenciano y Madrid entre otros. Y esto es así, porque las medidas aprobadas por el Gobierno, únicamente prohíben desahucios de alquiler (y sólo hasta diciembre) de familias que han caído en vulnerabilidad como consecuencia directa de la pandemia, y no a las que ya eran vulnerables antes.

Además, pinta aún peor, a la vista de las conclusiones que en materia de vivienda ha aprobado la Comisión de Reconstrucción del Congreso, plagada de declaraciones genéricas, y carente de cualquier medida concreta que pueda paliar la situación.

En nuestra comparecencia en dicha Comisión, propusimos un conjunto de enmiendas para la tramitación como proyecto de ley del real decreto. Ley que abordaba las medidas de protección en materia de vivienda, pero como pronto, la tramitación de ese proyecto de ley empezará después del 2 de septiembre, y tendrá una duración de entre 8 a 10 meses. Por eso precisamente, les propusimos a las diputadas y diputados de la Comisión, que aprobasen una tregua en los desahucios de familias vulnerables, sin ninguna discriminación por el origen de su vulnerabilidad, y que no tengan alternativa habitacional, hasta el 31/12/2021.

Con esto, se puede dedicar ese tiempo, a la aprobación de la ley estatal de vivienda, al cobro en vivienda de la deuda de 60 mil millones que la banca debe y nos debe del rescate anterior, para que podamos incorporar de inmediato las de la SAREB y las de Bankia, entidades de capital mayoritariamente público al Parque Público, y reclamar al resto de bancos y fondos buitre… Sin embargo, nos encontramos con un texto vacío, inconsistente e incapaz de abordar la emergencia habitacional que ya vivíamos antes de laCovid-19 y un Gobierno que aún está lejos de marcar más diferencias con los anteriores, apostando más por las políticas, o la falta de ellas, que nos han llevado hasta aquí.

Vivimos una situación de crisis sanitaria, social y económica, en la que, además, no cabe descartar el que tuviera que haber nuevos estados de alarma y confinamientos, con miles de familias en la calle y 3,4 millones de casas desocupadas según el INE. El martes día 7, conoceremos el informe del relator de la ONU para el Derecho a la vivienda y la pobreza, que, con seguridad va a dejar a los Poderes Públicos de España como flagrantes vulneradores de esos derechos, como llevamos más de una década denunciando.

Desde la PAH, reiteramos al Gobierno nuestra exigencia de que apruebe urgentemente un nuevo real decreto ley, que equipare la protección a todas las situaciones de vulnerabilidad, y suspenda todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. Nosotras seguiremos intentando impedir todos los que podamos y seguiremos estando enfrente de quien no haga nada por evitar esta pandemia de desahucios que ya se ha cobrado más de un millón y medio de víctimas. Hay vidas en juego.