La reforma de la LAU propuesta por el PSOE, sigue dando la espalda a los derechos de las inquilinas y poniendo la alfombra roja a la especulación al no recoger medidas para la regulación de los precios del alquiler

Que en España se sufre desde hace años una situación de grave emergencia habitacional es algo reconocido por casi todo el mundo. Mañana martes, el Congreso votara la convalidación o no del contradictorio Real Decreto 21/2018 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Leído el mismo, resulta que tras un preámbulo en el que se hace un diagnóstico acertado, ya que parte del reconocimiento del Derecho a la Vivienda como un derecho fundamental, de reconocer también la insignificancia del Parque Público de Vivienda Social, de admitir la obligación de cumplir el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)… finalmente, el Gobierno cede a la presión de los fondos buitre y la banca, aprobando una serie de recetas incongruentes con el diagnóstico de la enfermedad que ha descrito. La regulación de los precios del alquiler es la gran ausente, etre otras.

• No propone ninguna medida tendente a forzar la salida al mercado de los 3,4 millones de casas deshabitadas que señala el INE.
• Aunque reconoce la existencia de una burbuja en relación con los precios de los alquileres, no adopta ninguna medida para abaratarlos.
• No limita los incrementos de renta vinculándolos al IPC.
• La comunicación entre juzgados y servicios sociales en caso de desahucio, al final es inútil, ya que como el propio preámbulo del real decreto describe, no existe parque de vivienda social público que pudiera permitir el realojo de las familias desahuciadas.
• El PIDESC, se viola y se seguirá violando cada vez que se produzca un desalojo forzoso a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
• A pesar de reconocer como fundamental el Derecho a la Vivienda adecuada, el acceso a la misma sigue vinculado exclusivamente al nivel de renta de cada persona o familia, sin que se garantice el derecho de acceso a las gentes sin renta o con rentas insuficientes.
• No permite a los ayuntamientos intervenir en las denominadas zonas tensionadas al no incluir la elaboración de índices de referencia de los precios.

Frente a esta emergencia, el PP todavía más partidario de los fondos buitre, a quienes Ana Botella vendió un importante número de viviendas sociales de Madrid, reacciona, utilizando la Ley de Vivienda de la PAH, presentando una enmienda a la totalidad, con la que pretende anularla, y enmendar a la vez el real decreto del Gobierno, revirtiendo los escasos avances del mismo, en relación con la ampliación de la duración de los contratos.

¿Qué dice la PAH en materia de alquileres?

• Cumplimiento del PIDESC: Ningún desahucio a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
• Duración de los contratos: 5 años si el propietario es persona física con más de 5 viviendas en propiedad, o 10 años si es persona jurídica.
• Los precios del alquiler estarán subordinados al índice de referencia de precios.
• Los aumentos de renta no podrán subir por encima del IPC.
• En caso de cambio de inquilina, el nuevo contrato no podrá superar al anterior en más del 1,5%.
• Limita la fianza a una mensualidad de alquiler.
• Modifica el régimen fiscal de las socimis, para que tributen al 40% en el impuesto de sociedades.
• Promueve la cesión obligatoria de viviendas desocupadas de grandes tenedores que hayan recibido dinero público.
• Establece la obligación de generar parque público de vivienda.
• Aumenta el IBI a las casas injustificadamente vacías y
• Prohíbe la venta de viviendas del parque público.

Por todo esto, desde la PAH lamentamos la oportunidad perdida por el Gobierno para hacer un decreto que atacase de manera real las causas que impiden el acceso a la vivienda: la especulación, el acaparamiento de viviendas por parte de especuladores, la carencia de parque público y el híper liberalismo del mercado. La regulación de los precios del alquiler que los limite y reduzca o que garantizar el cumplimiento del PIDESC son dos mínimos de sentido común.

Sin embargo, ahora que la complicidad del PP con los especuladores ha posibilitado el desbloqueo que junto a Cs mantenían de la Ley de Vivienda de la PAH, su trámite urgente, y la aplicación de las medidas que contiene, pueden facilitar el que el acceso a la vivienda en España deje de ser un privilegio y pase a ser un Derecho, y por conseguirlo seguiremos luchando.

¡Sí se puede!

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