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Presión social para frenar la pandèmia de los desahucios

Los desahucios están de vuelta y todavía hay quien se atreve a hablar de «nueva normalidad», tras meses de confinamiento en los que hemos vivido el nacimiento de una nueva crisis sin precedentes

Artículo de Juanjo Ramón @Juand_jo para Catalunya Plural

De vuelta a los desahucios y se atreven a hablar de «nueva normalidad», tras meses de confinamiento en los que hemos vivido el nacimiento de una nueva crisis sin precedentes. Aún no nos habíamos recuperado de la crisis de 2008, que ahora hay que dar respuesta a la crisis sanitaria, social, de cuidados, ecológica y económica que tenemos encima y ya empieza a crear estragos. Hemos salido del estado de alarma para entrar en estado de emergencia. La precariedad y la vulnerabilidad crecen, pero continúan las pretensiones privatizadoras y especulativas. Repetir los errores del pasado no debe ser el camino a seguir.

Una vez más estamos viendo la diferencia entre ver el mundo desde una cúpula de cristal o vivirlo con todas sus consecuencias. Desde el primer momento de la crisis sanitaria, centenares de asociaciones, colectivos y movimientos sociales, nos articulamos en torno al Plan de Choque Social, una iniciativa que recoge medidas urgentes para proteger a las mayorías sociales, para realmente no dejar a nadie atrás.

Sin poner la vida en el centro sólo hay futuro para unas pocas privilegiadas. No basta con decretos insuficientes que hagan de tiritas a situaciones concretas: hay que lograr una vacuna que ponga solución a las desigualdades, rescatando a las personas y no al IBEX35. Es ahora o nunca cuando toca acabar con las privatizaciones, con la especulación, garantizar unos servicios públicos de calidad, derogar las reformas laborales del PP y del PSOE, garantizar el derecho a la vivienda, así como los derechos y libertades de todas, regularizando a las personas migrantes y acabando con la violencia machista. Estas son algunas de las demandas más emblemáticas del Plan de Choque Social.

Estos últimos meses hemos visto cómo el Gobierno aprobaba decretos de vivienda insuficientes, mientras desde la calle pedíamos exoneración de pagos. Hemos visto a la banca y al oligopolio energético frotarse las manos con el sobreendeudamiento al que nos están empujando. Hemos visto cómo en plena pandemia subían los precios del alquiler. Hemos visto cómo se dejaba atrás a un gran sector de la sociedad. Hemos visto la reactivación de los juzgados y, mientras se absolvía a Ana Botella por la venta de vivienda pública, se reactivaron los juicios con penas de cárcel y multas impagables a activistas por protestas ante la violación de derechos humanos o por parar desahucios.

Lo dijo recientemente, tras su visita a nuestro país, el relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos Philip Alston: «salir de la pobreza es una cuestión de voluntad política». Tomemos buena nota de estas palabras y de las de la relatora Leilani Farha, «la vivienda, es la primera línea de defensa frente al brote de COVID-19».

Aún así, a pesar del clamor social, vemos como se pretende volver a normalizar esa violación de derechos que son los desahucios, una pandemia medio silenciada que ya se ha cobrado más de 1.700.000 víctimas desde 2008 y con una previsión a corto-medio plazo desalentadora. Pero ¿qué solución nos encontramos ante esta situación mientras el Gobierno habla de reconstrucción social? Prácticamente nada. Una falsa moratoria de 6 meses vendida como la panacea, pero a la que solo se pueden acoger aquellas personas que demuestren no pagar el alquiler por culpa de un ERTE derivado de la COVID-19 ¿Qué pasa con esa media de 250 desahucios diarios previa al confinamiento que en breve se van a reactivar?

El Gobierno, si quiere y cuando quiera, puede decretar un stop desahucios real para todo tipo de casuística que provoque la pérdida de un hogar, ya sea por ejecución hipotecaria, por impago de alquiler (basta un recibo impagado para que te echen a la calle) u ocupación, hasta un realojo garantizado como dicta Naciones Unidas. Pero falta valentía para enfrentarse a la banca, a los fondos buitre y a la derecha reaccionaria. Esa misma derecha culpable de acabar con las políticas sociales, de ponernos mordazas o de poner la alfombra roja a la especulación.

Mientras el Gobierno habla de reconstrucción, el PP sigue fomentando la ley del ladrillo y las privatizaciones, como demuestran sus anteproyectos en Madrid y Murcia, para reformar la Ley del suelo. El mismo PP que sigue alimentando el discurso del odio entre vecinas, como demostró la semana pasada en Catalunya, presentando ante el TC un recurso contra los Decretos de Vivienda de la Generalitat, por ‘’proteger a los ocupas’’. Una manera muy barata de vender uno de los mayores avances en materia de derecho a la vivienda en este país.

No caigamos en la trampa de la derecha, más preocupada en criminalizar a las víctimas de sus malas artes, que en promover o apoyar propuestas para revertir la situación.

Durante semanas hemos salido a los balcones a aplaudir. Ahora es el momento de salir a la calle, no solo a llenarlas de vida y disfrutarlas, también a remover y cambiar conciencias. Toca salir de la zona de confort para defenderla antes de que acaben de arrebatarnosla, nadie está a salvo. Toca organizarnos si no queremos volver a ser nosotras las que paguemos esta nueva crisis. Solo la fuerza de la gente puede evitar que nos sigan atropellando, como se demostró en el primer desahucio convocado por la PAH en Hospitalet, con centenares de personas en la puerta para evitarlo. Tiempos convulsos en que cada vez más somos convocados a movilizaciones sociales donde nunca seremos suficientes.

Se decía en el 15M, dormíamos pero despertamos, Ahora nos han pillado despiertas y organizadas, que no nos vuelvan a engañar.