Desde el comienzo de la actual pandemia, y tras las primeras medidas adoptadas por el Gobierno en materia de protección sobre vivienda, desde la PAH ya denunciamos y anunciamos la situación de desprotección total, fruto de la legislación vigente, en que quedaban las familias en situación de vulnerabilidad previa al Covid-19. Pero era más sencillo hacer creer que los desahucios estaban prohibidos.

A través de varios grupos parlamentarios, presentamos en el Congreso enmiendas al RDL 11/2020 en su trámite como proyecto de Ley. Enmiendas que también le hicimos llegar al Gobierno, sin embargo, a día de hoy, el Congreso no ha iniciado ni tiene visos de iniciar su trámite. Lo planteamos igualmente ante la Comisión de Reconstrucción del Congreso, y en sus resoluciones, no hubo ni una mención al problema.

Sin más noticia, ni avances llegó setiembre, y el CGPJ hizo públicos los datos de los desahucios del segundo trimestre de este año: sólo en los días hábiles comprendidos entre el 4 y el 30 de junio (únicos con actividad judicial normal) se ejecutaron en España 1.383 desahucios, de familias en situación de vulnerabilidad previa al virus. El tercer trimestre traerá cifras demoledoras, ya que este agosto, habitualmente inhábil, ha tenido días de actividad judicial y estamos viendo convocatorias diarias para evitar los desahucios en puerta, por parte de las PAHs de todo el territorio y los cada vez más numerosos grupos en lucha por la vivienda.

Aun así, en el último decretazo para prorrogar las protecciones, el Gobierno ha suprimido la exigua moratoria de las hipotecas, y, cuando va llegando el frío, también ha suprimido la prohibición de los cortes de suministros básicos. Pero a pesar de ser un Decreto que más que avanzar, retrocedia para defender más al capital que a las familias, siguieron llenandose la boca con la suspensión de los desahucios. Una aformación totalmente falsa.

Como también preveíamos desde la PAH, la pandemia no remite, sino que se recrudece, y el pasado domingo, en su comparecencia para anunciar el nuevo estado de alarma, el presidente nos pide permanecer en casa para todo lo no imprescindible, sin embargo, se permite que familias vulnerables, y sin alternativa habitacional, puedan seguir siendo puestas en la calle. Incluso entidades de mayoría pública como la SAREB, se niegan a conceder alquileres sociales y siguen adelante con procesos judiciales de desahucio.

En esta situación, nuevamente la PAH, nos dirigimos al Gobierno para exigir un decreto urgente que suspenda TODOS los desahucios de familias que carezcan de la alternativa habitacional que las Administraciones Públicas tienen la obligación de facilitarles en virtud del art. 47 de la Constitución, alternativa que ninguna Administración facilita por carecer de Parque Público.

La situación pide movilizaciones, pero ante el estado de alarma y porque la PAH si somos responsables, de momento vamos a iniciar una nueva ronda de contactos con todos los partidos y entidades sociales, seguiremos presionando por redes sociales y con aquellos medios que nos dan voz, para exigir al Gobierno ese decreto anti desahucios. No sólo por Justicia social y cumplimiento de los Derechos Humanos como machaconamente viene reiterando el Comité DESC de Naciones Unidas, también por urgente necesidad de Salud Pública.

Ni la pandemia, ni las prohibiciones, ni el llamamiento al poder policial, evitará que sigamos concentrándonos cada día allí donde haya una familia en riesgo de ser desahuciada.

#DecretoStopDesahucios #ViviendaPorDerechoYSalud