Comunicado urgente en respuesta al recurso de inconstitucionalidad, presentado por el Partido Popular, a la Ley 11/2020, de 9 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda.

El pasado 9 de septiembre, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 11/2020, de 9 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, más conocida como la Ley de Regulación de Alquileres de Cataluña. Supuso un hito histórico para la sociedad catalana que, desde entonces, disfruta de una legislación, pionera en el Estado español, que tiene por objetivo combatir la especulación con el precio del alquiler y contribuir a proteger el derecho a la vivienda.

Una ley impulsada por el Sindicat de Llogateres con un amplio apoyo social -con más de 4.000 entidades de la sociedad civil catalana – que puso de manifiesto la necesidad de poner fin a la escalada de los precios de alquiler. Se interpeló al Gobierno de la Generalitat y grupos parlamentarios para que adoptaran medidas para garantizar alquileres asequible y para velar por el derecho a la vivienda digna en Cataluña.

Tres meses después de la entrada en vigor de la regulación de precios, Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, elaborado por el mismo bufete de abogados que preside el exlíder de Ciutadans, Albert Rivera. El PP ha actuado como correa de transmisión del lobby inmobiliario y del rendismo, que actualmente está representado por entidades como ASVAL, Asocimi y otras organizaciones que han cooptado el mercado inmobiliario en el Estado durando los últimos 10 años y a quienes no los interesa la vigencia de una regulación de alquileres.

Conviene recordar que fue el PP quién en 2013 redujo los contratos de alquiler de 5 a 3 años y quienes cambió el régimen fiscal de las *Socimis porque no pagaran impuesto sobre sociedades. Es el mismo partido que ahora, justificándose en un conflicto de competencias, pretende tumbar una regulación que está dando aliento a las miles de locatarias que han dejado de sufrir subidas abusivas en los contratos.

Desde las entidades y organizaciones sabemos que declarar inconstitucional esta ley significa no garantizar el derecho a un techo digno. Por eso, queremos expresar:

• El rechazo a la voluntad del Partido Popular de tumbar la ley de regulación catalana
• La defensa de la soberanía del Parlamento catalán
• La aplicación de la ley de contención y regulación de los alquileres