El texto obliga a la empresa a asumir más de 28 millones de euros, un 73% de la deuda acumulada desde 2015, y contribuir en un fondo para hacer frente a futuros impagos.

El convenio cierra el círculo de la Ley 24/2015, impulsada por la sociedad civil.

¡Ahora sí, más de cinco años y medio después, tenemos convenio! Las Administraciones catalanas y Endesa han suscrito hoy un acuerdo histórico, que permitirá que miles de familias catalanas vulnerabilizadas, unas 35.000, queden liberadas de la deuda acumulada desde 2015 a 2020 con la compañía y tengan garantías para no acumular nuevas deudas a partir de ahora. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) vivimos este momento como una victoria que celebramos, especialmente, por todas estas familias que han vivido angustiadas durante años por culpa de la deuda contraída con la empresa.

El texto acordado hoy aborda las dos grandes cuestiones pendientes: la deuda acumulada y los futuros impagos. En cuanto a la deuda, Endesa condonará el 100% de las facturas impagadas por estas familias entre julio de 2015 y diciembre de 2018. La deuda acumulada en 2019 y 2020, cifrada en más de 21 millones de euros, se repartirá a partes iguales entre la compañía y las diferentes Administraciones. En total, se calcula que Endesa asumirá alrededor de 28 millones de euros (el 73% de la deuda contraída por las familias desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015). En cuanto a los futuros impagos, se acuerda la creación de un Fondo de Atención Solidaria, que posibilitará a las personas afectadas pagar considerablemente menos por sus facturas, evitando de esta manera la generación de nuevas deudas. En este fondo contribuirán al 50% Endesa y las Administraciones.

Ha sido un largo recorrido, pero la espera ha valido la pena, ya que hoy se pone una piedra más para conseguir erradicar la pobreza energética en Catalunya. Tras el gran logro alcanzado con la aprobación de la Ley 24/2015, impulsada a través de una ILP que prohibía los cortes de suministro a hogares vulnerabilizados, la primera compañía energética en número de clientes en el territorio catalán claudica y firma un acuerdo, que hace cinco años era del todo impensable. Y lo era porque, a pesar de la ley catalana, se convertía en el texto más garantista en materia de suministros básicos de nuestro entorno al establecer la obligatoria consulta a los servicios sociales municipales antes de efectuar un corte por impago; y la garantía del suministro en caso de que la familia se encontrara en situación de vulnerabilidad, la 24/2015 no podía imputar la asunción de los impagos a las compañías, por los límites competenciales de Catalunya. Por lo tanto, la deuda quedaba en manos de unos convenios que necesitaban el consenso entre compañías y la Administración.

Ninguna compañía energética se avino a negociar su contenido, siendo Endesa la que más obstáculos ponía a su firma. En 2017, en un primer intento de desbloquear la cuestión, Endesa se negó a asumir el 50% de las facturas impagadas y torpedeó la negociación. Esta negación le ha conllevado a la compañía la acumulación de más de 38 millones de euros en facturas a las que las familias vulnerabilizadas no han podido hacer frente desde 2015.

En verano de 2019, ante la insostenibilidad de la situación, Endesa remitió una carta a decenas de ayuntamientos catalanes donde amenazaba de corte a miles de familias vulnerabilizadas si los consistorios no se hacían cargo de la mitad de la deuda acumulada por estas. Lo que en 2017 Endesa no quería aceptar, dos años más tarde se convertía en el marco de la compañía para llegar a un acuerdo.

En ese momento, se creó un grupo de trabajo formado por la Generalitat de Catalunya, a través de sus Departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y Empresa y Competitividad, las Diputaciones de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, las entidades municipalistas y entidades sociales, del que APE formó parte desde el principio. Este espacio trabajó durante meses en una propuesta de convenio, que se presentó en diciembre de 2019 de la mano del propio President Torra.

Durante los meses siguientes, y ante la negativa de Endesa de asumir la condonación total de la deuda contraída por las familias, tal y como marcaba la propuesta de convenio, iniciamos una campaña (#MunicipisVsEndesa) donde decenas de ayuntamientos de todo el territorio aprobaron mociones exigiendo esta medida a la compañía. A finales de julio de 2020, las integrantes del grupo de trabajo (Administraciones y entidades) salimos públicamente para denunciar la actitud de la empresa del oligopolio, que seguía enrocada en el 50% con respecto a la deuda acumulada.

Tras meses de negociación, y con una pandemia mundial por medio, finalmente hemos conseguido mover a Endesa de su bloqueo y la compañía deberá asumir más del 70% de esta deuda, un hito imposible sin toda la presión ejercida desde la calle. A pesar de que hemos luchado hasta el final para que la condonación fuese total por su parte, valoramos que el acuerdo alcanzado es necesario y prioriza las casi 35.000 familias afectadas, que llevan años sufriendo el acoso de la empresa. A todas ellas, la firma del convenio les permitirá empezar de cero y quitarse de encima esa pesada mochila. Familias con nombres y apellidos, como Cristina, con una deuda de más de 1.400 euros; Vicky, con 1.000 euros en facturas impagadas; o Yolanda, con más de 2.000, con quien interpusimos una querella contra los cobradores de Endesa y sus prácticas de acoso. Muchas de ellas, familias luchadoras de APE que a partir de hoy podrán vivir un poco más tranquilas..

Somos conscientes de que el de hoy es solo un primer paso, sumamente importante, eso sí. A partir de ahora, seguiremos trabajando para que el Fondo de Atención Solidaria se ponga en funcionamiento lo antes posible y ninguna familia más acumule deuda con Endesa y pase por lo mismo que estas 35.000 familias. Por otra parte, Endesa ha sido la primera gran compañía en caer, pero no descansaremos hasta que el resto de compañías del Oligopolio ‒incluyendo a Naturgy e Iberdrola‒ firmen el mismo convenio en un futuro próximo.

La actual crisis sanitaria tendrá un impacto directo ‒como ya hemos empezado a ver‒ en decenas de miles de familias que no podrán hacer frente a sus facturas de suministros básicos. En este contexto, tenemos claro que la partida se jugará en el ámbito estatal y no nos detendremos hasta que Endesa y el resto de grandes empresas asuman el 100% del coste de la pobreza energética, de la que son directamente responsables. Para muchas familias catalanas, el día de hoy supone un nuevo comienzo. Para la APE, esta victoria es un paso más hasta conseguir que toda la ciudadanía tenga reconocido de forma efectiva su derecho a la energía y el agua.

Hoy, más que nunca, ¡NI SED, NI FRÍO, NI OSCURIDAD!