Porque no lo dice solo la PAH, Naciones Unidas nos da la razón. #ViviendaPorDerecho es un paso más en nuestro recorrido para lograr se hagan efectivas las exigencias que llevamos años demandando y recordar al Gobierno PSOE -Unidas Podemos que deben dar un paso al frente y ponerse del lado de las familias, garantizarles un hogar y empezar a ejercer en función a los compromisos adquiridos en los últimos años cuando estaban en la oposición.

Hoy 25 de febrero, presentamos #ViviendaPorDerecho, nueva campaña para presionar al Gobierno y lograr, de una vez por todas, acabar con los desahucios y combatir la emergencia habitacional. Desde que estalló la crisis en 2008, vivimos en un Estado de emergencia que ya se ha cobrado 1.002.000 desahucios. Con esto hablamos del mayor ataque contra el derecho universal a una vivienda digna, un derecho que no solo contempla Naciones Unidas, también está recogido en nuestra Constitución.

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, se siguen produciendo 198 desahucios al día. Una situación alarmante, que requiere de medidas urgentes e inmediatas por parte del Gobierno. Desde la PAH llevamos más de una década denunciando la situación y poniendo sobre la mesa propuestas legislativas para cambiar las reglas del juego y velar por los intereses de las familias y no los intereses del sistema financiero.

Con la Ley Vivienda PAH aprobada en el Congreso el 18 de septiembre de 2018, estuvimos cerca de lograrlo y solo el bloqueo sistemático del Partido Popular y Ciudadanos impidieron su debate y resolución. Ha llegado el momento de recordar a PSOE y Podemos, que deben dar un paso al frente real para pasar de las palabras a los hechos gobernando por las familias y el Derecho a la Vivienda.

Las consecuencias de la crisis siguen afectando a miles de familias que se ven incapaces de cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el poder mantener su hogar o la de poder acceder a una vivienda. La burbuja inmobiliaria instada por la banca, la mayor parte rescatada con fondos públicos, y la especulación que no cesa de Fondos Buitre y sus Socimis, han generado una auténtica emergencia habitacional. Muchas familias se encuentran, en nuestras ciudades y pueblos, sin casa o con dificultades para poder acceder o mantener una vivienda adecuada y, al mismo tiempo, existen miles de viviendas vacías.

Esta situación, agravada por altas tasas de paro, precariedad y una muy insuficiente protección de derechos de la ciudadanía, que se constata con el bajísimo porcentaje del 1,5% de vivienda pública asequible en alquiler. Recientemente el relator de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, Philip Alston, ha denunciado la inquietante situación de la pobreza y de la crisis de la vivienda, insistiendo en que es una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla.

El pasado viernes, la PAH nos reunimos con el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y cual fue nuestra sorpresa al constatar que a pesar de reconocer que estamos ante un problema de Estado, el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, no estaba trabajando ni había contemplado tratar la situación de manera inmediata. Ante esta situación de extrema urgencia y teniendo más claro que nunca, que sin la presión social el Gobierno no se mueve, arrancamos la campaña #ViviendaPorDerecho. Una campaña que surge de la necesidad de recordarle al actual Gobierno su responsabilidad hacía las familias, que tengan consciencia de su papel como culpables directos de los 198 desahucios que se producen diariamente. Hoy se cumplen 42 días de Gobierno y nuestro contador de la vergüenza ya indica 8.316 desahucios en este periodo.

Ante esta realidad, en que todo está por hacer, la PAH iniciamos nueva campaña de presión política para actuar y frenar el drama de los desahucios de manera inminente, tal como dictan los dictámenes y tratados internacionales de Naciones Unidas. Dictámenes que dejan muy claro que no puede haber un solo desahucio sin alternativa habitacional garantizada. A raíz de su incumplimiento, España acumula tres condenas en el Comité DESC de NNUU por vulneración del Derecho a la Vivienda, que, además, ha dado a España un plazo que expira el próximo 30 de abril. Tenemos 160 casos más en el Comité, que pueden hacer de España un país coleccionista de condenas por violación de Derechos Universales.

Es evidente que necesitamos cambiar las reglas del juego y conseguir una Ley de vivienda que garantice a todo el mundo poder mantener y acceder a un hogar. Pero para ello, sabemos mejor que nadie la dificultad de llevar esto acabo, primero hay que combatir la situación de extrema urgencia, generada ya por la finalización de la moratoria de lanzamientos hipotecarios el próximo mes de mayo. Para ello nuestras principales exigencias para que se hagan efectivas antes de la finalización de los 100 primeros días de Gobiernos, son

• La promulgación de un Real Decreto que incluya prórroga de la moratoria y suspensión de todo desahucio, ya sea por impago de hipoteca, de alquiler u ocupación, promovido por grandes tenedores de vivienda a familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional adecuada, junto con una renovación de los alquileres sociales firmados con entidades financieras y fondos de inversión.

• Establecimiento urgente de mecanismo de interlocución entre la PAH y resto de organizaciones sociales con el Gobierno, que incluya todos los Departamentos que tienen competencias en materia de vivienda y Derechos Humanos, para desarrollar el derecho a una vivienda digna y una futura Ley de Vivienda.
• Que el Gobierno adopte las medidas necesarias para cumplir fielmente el contenido de los dictámenes del Comité DESC de NNUU.

Sabemos que es posible hacer realidad nuestras demandas. Lo hemos demostrado en Catalunya, no solo ganando una ley como la 24/2015, también logrando ampliarla recientemente a través del Decreto 17/2019. Hablamos de una ley que ya es un referente en toda Europa y que, por sentido común y justicia, debería ser aplicada en todo el Estado. En el año 2016, tanto PSOE como Podemos, se comprometieron por escrito a extender la 24/2015 a todo el territorio, si alguna vez llegaban a gobernar. El momento ha llegado, siendo la hora de pasar de las palabras a los hechos y demostrar que están a la altura de ser el Gobierno Progresista que nos quieren vender. Porque ponerse del lado de la ciudadanía estando en la oposición es fácil, pero lo difícil es hacerlo estando en el poder.

Decimos basta a que nuestros hogares sean simple mercancía de especulación para bancos e inversores extranjeros. Seguiremos en las calles, movilizadas, porque lo pide la ciudadanía, lo exige la ONU y porque ya toca ganar #ViviendaPorDerecho.